Desanexiones: controversia jurídica frente a voluntad popular

Bizkaia aprobó en 2015 una normativa que permite las desanexiones de núcleos urbanos de más de 2.500 habitantes. Una norma foral que no fue recurrida por el Estado y que permite a los vecinos de Usansolo tramitar su anhelada desanexión. Pero la postura del Gobierno español parece ser la de no permitir dar cauce al expediente, aferrándose a la Ley estatal y a la sentencia del Supremo respecto a Itxaso, en Gipuzkoa. La controversia jurídica se enfrenta, una vez más, a la voluntad popular.

El pasado día 6, el PNV solicitó en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. "Nuestra intención era sondear al Gobierno cuál era su disposición respecto al proceso de desanexión de Usansolo, si iba a ser un obstáculo a una demanda ciudadana o si respetaría la voluntad ciudadana", explica el diputado jeltzale Mikel Legarda. No hay que olvidar, enumera, que sus vecinos ya han mostrado hasta en tres ocasiones su deseo de constituirse en un nuevo municipio: en 2014, con un 90% de los votos; en 2019, y recientemente, en marzo, con el 80% de los votos y un 63% de participación. La ministra fue tajante: "La posición del Gobierno no puede ser otra que la que marca la ley. Esta propuesta no cumple la ley y, por lo tanto, no podemos respaldarla", respondió Rodríguez.

Es ese "lo que marca la ley" donde difieren las interpretaciones. "Nosotros entendemos que tanto la Ley de Bases de Régimen Local como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administraciones Locales de 2013 tienen unas disposiciones adicionales introducidas por el grupo parlamentario del PNV en el que recogemos las singularidades forales", advierte Legarda. Singularidades forales, prosigue, "respecto a los entes locales y en las que entendemos que están incluidas las cuestiones relativas a las demarcaciones territoriales, municipales en este caso".

Esta interpretación contaba incluso con el respaldo de los tribunales, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en tres pronunciamientos en 2015, 2016 y 2017, había considerado que había una especifidad foral respecto a las demarcaciones territoriales municipales. Pero la sorpresa llegó en 2020, cuando el Tribunal Supremo anuló la desanexión de Itxaso, en Gipuzkoa, al considerar que no hay especifidad foral.

Frente a la respuesta del Gobierno español, la postura del representante jeltzale es contundente. No sólo por una cuestión de respeto a la voluntad de los vecinos de Usansolo, sino también porque existe una Norma Foral en Bizkaia, "que es la que tiene que regir. Se dictó dos años después de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, y ni siquiera fue recurrida por el Estado. Entendíamos que había una interpretación pacífica hasta esta sentencia del Supremo".

"Soluciones a problemas reales"

Frente a la Ley estatal de 2013, que fija en 5.000 habitantes el mínimo para que un núcleo urbano pueda desanexionarse, la normativa vizcaina rebajó dos años después a 2.500 la población mínima, además de tratarse de núcleos separados y con recursos suficientes. "Precisamente la norma foral de Bizkaia se modifica en 2015, a propuesta de la Diputación, para dar cauce a esta demanda ciudadana que estaba ya adquiriendo una densidad importante en Usansolo. El propio diputado general, Unai Rementeria, en marzo de 2015 dijo 'hemos cumplido nuestra palabra y ponemos en manos de las Juntas Generales un proyecto que sirve para todo el territorio y para Usansolo. Damos soluciones reales a problemas reales".

Jurídicamente esta norma foral, que nunca fue recurrida, da respaldo al expediente que ahora el Ayuntamiento de Galdakao tiene que remitir a la Diputación para que esta, a su vez, lo derive a las Juntas Generales, que son en última instancia la que tienen que aprobar el proceso. "La cámara foral vizcaina es la que tiene que tomar la última decisión. Una vez que se tome esa decisión, la segregación se lleva a efecto", explica. Y es ahí donde, advierte Legarda, podría encontrarse con un recurso por parte del Estado, primero ante el TSJPV y después en el Tribunal Supremo. "Vamos a ver si realmente se produce un obstáculo a la voluntad ciudadana y la tramitación de todo el expediente; en ese caso, articularemos soluciones reales a problemas reales, parafraseando al diputado general. No vamos a ser agoreros; pensamos que en esta controversia jurídica, con una sentencia del Supremo frente a tres del TSJPV, no se va a producir el recurso. Y si se llegara a producir, lo veríamos totalmente injustificado".

"Una cuestión de justicia"

La anteiglesia de Ziortza-Bolibar fue el último municipio que se desanexionó en Bizkaia. Lo hizo en 2005, convirtiéndose en la localidad número 112 del territorio. Aquel 30 de noviembre fue una fiesta para un núcleo que llevaba luchando más de 15 años por volver a recuperar su independencia; hubo gritos de Gora Bolibar askatuta en la Casa de Juntas de Gernika donde se votó la desanexión, kalejiras, aurreskus, canciones compuestas especialmente para el momento y hasta una comida popular. Herria gara. Zorionak, ziortza-bolibartarrok, rezaba una pancarta en la plaza.

"Fue una cuestión de justicia", recuerda en euskera su actual alcalde, Alberto Garro. "Hasta la década de los años 30 del siglo pasado, Bolibar siempre había tenido Ayuntamiento, había sido un municipio independiente. Se trataba de recuperar los derechos que teníamos hasta que nos lo arrebató Franco; no es una cuestión que se mida en base a si era necesario o no. Para nosotros era muy importante". Como Bolibar, otros municipios del entorno también había recobrado, años antes, el status arrebatado.

Rememora aquellos días "con mucha ilusión", el final de un proceso que se hizo largo. "Fuimos todos a una, estábamos todos de acuerdo; aparcamos las diferencias por un objetivo común. Y como en Bolibar siempre habíamos tenido esa personalidad propia, fue muy fácil. Ni siquiera tuvimos problema con Markina, que conocía cuál había sido nuestra historia", destaca de un municipio que apenas supera los 400 habitantes. Con un Ayuntamiento propio, explica, es más sencillo hacer valer la voluntad de los vecinos, a los que se les puede dispensar un trato más cercano, aunque se haya perdido el respaldo que les daba pertenecer a un municipio más grande. "Como en todo, tiene su lado bueno y su lado malo, pero esa no es la cuestión: lo importante es poder decidir por ti mismo, sin tener a nadie que lo haga por ti", defiende. Ni el hecho de no tener colegio o que el médico solo pase consulta una vez a la semana le hace plantearse, "ni por un momento", echar marcha atrás. "La experiencia nos dice que, una vez recuperada la soberanía, siempre se va a mejor". Por ello, Garro entiende la frustración de Usansolo y, de hecho, estuvo presente en el último referéndum que se celebró. "No se pueden poner barreras a la voluntad del pueblo", dice.