Desarrollo Rural confirma su apuesta por la certificación ecológica pública

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha confirmado su apuesta por la certificación ecológica pública y ha defendido al Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN/NNPEK) como "única autoridad de control y certificación en Navarra, con autonomía para el cumplimiento de sus funciones".

Una treintena de personas se han concentrado en la mañana de este martes en la sede de la consejería de Itziar Gómez en contra del nuevo decreto que está a punto de aprobarse, porque consideran que abre la puerta a la privatización de la certificación ecológica. Con el lema, No a este decreto, en defensa de la certificación pública/ Dekreto honi ez, babestu ziurtapen publikoa han pedido la retirada del texto y la negociación de un documento consensuado.

CPAEN entiende que el nuevo texto "restringe sus funciones al fomento y a la promoción de la producción ecológica, elimina el asesoramiento o formación, y supedita la función de certificación y control a la decisión de Desarrollo Rural mediante órdenes forales".

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Navarra ha negado de manera "rotundamente" que quiera privatizar el proceso de certificación ecológica, ya que la opción de Desarrollo Rural y Medio Ambiente "es la producción ecológica y la certificación 100% pública", ha resaltado en un comunicado. Además, ha reiterado que "el texto del proyecto de decreto foral mantiene a CPAEN como única autoridad de control y certificación en Navarra, así como su carácter de entidad pública con autonomía para el cumplimiento de sus fines".

"Actividad sin ánimo de lucro"

Sin embargo, la presidenta del consejero, Mirian Otxotorena, ha resaltado durante la protesta que dicho decreto "elimina la atribución de única autoridad de control pública al consejo; abre la puerta a la privatización de la certificación; restringe funciones propias del consejo y limita la autonomía en la gestión”. Y ante ello, ha defendido que "la producción ecológica debe ser una actividad ejercida por una entidad sin ánimo de lucro, con criterios objetivos y de carácter público, en la que se mantenga la representación de los operadores".

Desarrollo Rural ha recordado que el nuevo texto actualiza el decreto foral de 1999 para amoldarse al reglamento UE 2017/625. Según ha detallado, esa adecuación supone "una alusión a que las entidades de control puedan ser públicas y/o privadas, pero que en ningún caso es la opción de Navarra que deja claro en su proyecto de decreto foral que CPAEN es la única autoridad de control y certificación en Navarra".

La ISO

Por otro lado, como el departamento considera clave contar con una acreditación externa que dé garantías a todo el proceso, el nuevo decreto foral recoge la obligatoriedad de "obtener la certificación ISO 17065, requisito ya exigido en comunidades como CAV, Aragón, La Rioja o Catalunya". En este caso el CPAEN tendría que lograr este sello en el plazo de 24 meses para así actuar "como única autoridad de control ecológico en la Comunidad Foral", explica el Ejecutivo. Sin embargo, "la norma ISO 17065 establece la incompatibilidad de la función de asesoramiento con ser la autoridad de control". Por ese motivo, el documento restringe algunas funciones actuales del CPAEN, como consultoría.

Apoyo de 50 colectivos

Un total de 50 organizaciones han respaldado la postura adoptada por CPAEN, como Geltoki, Ekoalde, Hazialdeko, EHKO, Landare, ELA, LAB, STEILAS, Etxalde, Sustrai Erakuntza, Greenpeace, Ekologistak martxan, REAS, INTERECO, SEAE, los consejos de producción ecológica de la CAV, Valencia y Baleares, Ecocomedores de Canarias y muchos más colectivos que trabajan por otro modelo de sociedad. Otxotorena ha exigido a la consejera Itziar Gómez que “paralice de manera inmediata el decreto y elabore otro acordado con los agentes del sector”.

Defensa férrea del modelo

Por su parte, Desarrollo Rural ha subrayado su apuesta por un modelo de certificación pública, como " así se le ha transmitido a CPAEN", en reiteradas ocasiones, ha destacado en la nota. "La apuesta por este modelo se demuestra, además, por el apoyo económico del propio CPAEN y por la defensa ante la solicitud de una empresa privada y que fue rechazada, recurrida y llevada a los tribunales siendo la sentencia favorable al Gobierno foral".