Una operación policial desarrollada por la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de ciberdelincuentes especializada en cometer estafas a nivel estatal. Un total de 20 personas han sido detenidas en el marco de este operativo tras el registro de seis domicilios en Madrid, Alcorcón (Madrid) y Boadilla del Monte (Madrid). De los arrestados, ocho ya han ingresado en prisión provisional presuntamente por haber estafado más de cinco millones de euros. Además, se han bloqueado por orden judicial cinco cuentas bancarias de entidades ubicadas tanto en España como en países iberoamericanos, así otras 100 cuentas con carácter preventivo.
La operación se inició en el año 2020 tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Jaraíz de la Vera (Cáceres) por el representante de una empresa por la supuesta realización de cuatro transferencias no consentidas, por un valor total de 14.000 euros. Asimismo, ponía de manifiesto la tentativa de transferencia de otros 9.000 euros, realizadas desde distintas cuentas de su empresa.
El denunciante puso en conocimiento de los agentes que cuando se disponía a realizar una transferencia online, el ordenador se bloqueó, apareciendo un aviso de su banco comunicándole que se estaba reestructurando el sistema. Cuando desapareció este aviso, le fueron solicitadas nuevamente las claves de acceso a la operativa online del banco, cosa que hizo varias veces porque, al parecer, el sistema fallaba, comprobando después, a través de una llamada a la entidad bancaria, que se habían realizado varias transferencias fraudulentas a cuentas desconocidas por él.
Continuando con las investigaciones, los agentes detectaron una infestación del equipo informático del denunciante, que había permitido a los ciberdelincuentes interceptar las webs de las entidades bancarias visitadas, obteniendo así sus credenciales de acceso a la banca online para realizar posteriormente las transferencias fraudulentas.
"Se trata de una técnica muy avanzada, denominada en el argot de la ciberdelincuencia como “Man in the browser”, que indujo a los investigadores a atribuir los hechos a un grupo criminal especializado en ciberdelincuencia", explica la Guardia Civil en una nota.
De las investigaciones practicadas se pudo obtener información sobre más de 30 cuentas bancarias beneficiarias de cantidades transferidas ilícitamente, con un alcance inicial defraudado cercano a los 400.000 euros. Por tal motivo, los investigadores solicitaron a las diferentes entidades bancarias involucradas, información susceptible que pudiera aportar datos relevantes para la investigación.
La segunda parte de la investigación consistió en el análisis técnico de los dispositivos electrónicos infectados y de la huella digital creada en la comisión de las estafas, lo que supuso un exhaustivo análisis de más de 1.000.000 de direcciones IP,s que habían sido utilizadas para cometer los hechos delictivos.
Estructura en cinco niveles
La organización estaba estructurada en cinco niveles. En los primeros niveles, se encontraban los “captadores”, que eran los encargados de reclutar los productos bancarios asociados a una persona, como eran las numeraciones de cuentas o de tarjetas bancarias.
Por otro lado estaban los “rescatadores”, dedicados a sacar el dinero de los cajeros automáticos, tras la recepción de las transferencias fraudulentas, y los “programadores”, especializados en fabricar el malware con el que, a través del envío masivo de correo spam, conseguían infectar a numerosos equipos informáticos de las víctimas.
También contaban con los “Changer Crypto”, encargados de cambiar divisas por monedas virtuales y con los “Cash Legal”, que movían las cantidades defraudadas. Finalmente, y en el nivel superior, se encontraba la “cúpula” de la organización, encargada de coordinar a los integrantes del resto de niveles, y en el que fueron detectadas 5 personas.
Cada uno de los integrantes de estos niveles obtenía un porcentaje de los beneficios que la actividad delictiva les reportaba, que habrían supuesto, solo para cada integrante de la cúpula, un beneficio económico cercano a los 500.000 euros, que sumados a las ganancias del resto de integrantes, eleva a 5.000.000 millones de euros la cantidad total defraudada por la organización.
En las primeras fases, se practicaron tres registros domiciliarios, en las localidades de Alcorcón (Madrid) y Madrid, deteniendo e investigando a 16 personas en las localidades de Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao, Alicante, Zaragoza y Cornellá de Llobregat.