Desmantelada una red europea que defraudó 2.200 millones del IVA de productos tecnológicos

La Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operación que se ha desarrollado en coordinación con 14 países y en la que se han registrado una empresa en Barcelona y dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella.

Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, la operación ADMIRAL, coordinada por la Fiscalía Europea, supone el mayor fraude de IVA investigado hasta la fecha en la UE, a través de una compleja red en la que están implicadas 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.

La Fiscalía Europea ha coordinado la operación en colaboración simultánea con Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía, países en los que se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios.

En concreto en el Estado español las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en las provincias de Málaga y Barcelona.

Se realizaron un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella (Málaga), en las que se intervinieron dos vehículos de alta gama y diversa documentación mercantil.

La investigación surgió en abril de 2021 después de que las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra detectaron una sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos.

Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, ésta se hizo cargo de la investigación lusa.

A través de la cooperación internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y de Europol, así como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.

Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la Fiscalía Europea ha identificado el mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.

Las actividades delictivas investigadas se extienden a los 22 Estados Miembros que reconocen la jurisdicción de la Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia, y terceros países como Albania, China, Islas Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

La trama estaba conformada por un complejo entramado de empresas que actuaban como proveedores de los dispositivos electrónicos y otras que reclamaban la devolución del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electrónico.

Posteriormente, canalizaban los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse (empresas trucha o missing traders).

Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas en el entramado, lo cual les habría permitido evitar ser detectados durante años.

Según datos de Europol, el fraude carrusel del IVA o fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, por su sigla en inglés), es el delito que más beneficios proporciona al crimen organizado en la UE, con un coste de unos 50.000 millones de euros anuales para los Estados miembros.

Siendo este tipo de fraude un fenómeno delictivo transfronterizo por definición, una vez que alcanza un nivel de complejidad comparable al investigado en la operación ADMIRAL es casi imposible de detectar.

La actuación de la Fiscalía Europea ha permitido investigar esta organización de forma global en toda Europa, haciendo uso de las herramientas y bases de datos nacionales y europeas y con el apoyo de la capacidad analítica y de investigación de la Oficina Central de dicha Fiscalía, así como de Europol y de las distintas autoridades nacionales involucradas.