La Policía Nacional ha destapado en Melilla un importante fraude relacionado con la paternidad de 78 bebés de embarazadas inmigrantes que dieron a luz en la ciudad autónoma y que, mediante intermediarios, pagaron hasta 3.000 euros a falsos padres españoles para que registrasen a sus hijos con la nacionalidad española.
Según informa la Dirección General de la Policía, la macrooperación, denominada Edipo, se ha saldado con la detención de 79 personas, aunque hay un total de 117 implicadas en el fraude, entre las que se encuentran padres ficticios, intermediarios y madres de los recién nacidos.
Estas últimas también se aprovechaban ya que solicitaban la autorización de residencia en España por arraigo familiar.
En el operativo, de alcance nacional, que ha destapado esta trama han participado más de 150 agentes de la Policía, que han arrestado a 51 personas en Melilla y 28 más en la península, a las que se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenecía a organización criminal.
Para las otras 38 personas presuntamente implicadas en el fraude se han dictado órdenes de busca y captura.
Tras el destape de la trama, la Delegación del Gobierno de Melilla va a iniciar los trámites administrativos para la extinción de las autorizaciones de residencia de las madres de los menores.
Además, se ha instado a la Fiscalía de Melilla a que tome las medidas oportunas para revocar la nacionalidad española de los 78 recién nacidos.
Según han podido comprobar los agentes de la ciudad autónoma durante la investigación, las mujeres, en su mayoría de origen marroquí, accedían a territorio nacional en avanzado estado de gestación aprovechando la exención de visado y el Acuerdo de Buena Vecindad vigente entre España y Marruecos.
Una vez en la ciudad autónoma, daban a luz a sus hijos en el hospital Comarcal de Melilla.
A través de los intermediarios de la trama, contactaban con hombres de nacionalidad española, muchos también de origen marroquí, a los que pagaban cantidades entre 1.500 y 3.000 euros para que manifestasen en el Registro Civil de Melilla que eran los padres biológicos de los bebés.
De esta forma, los menores obtenían de forma automática el certificado de nacionalidad con el que sus madres solicitaban la documentación española, que también les permitía a ellas iniciar los trámites para lograr la autorización de residencia como progenitoras de un hijo con nacionalidad española.
Asimismo, podían solicitar posteriormente la reagrupación familiar para los verdaderos padres de los menores, que solían ser de un tercer estado sin documentación para acceder al espacio Schengen.