La Guardia Civil ha detenido a cuatro grafiteros como presuntos responsables de las pintadas realizadas en varios convoyes de Renfe en la estación de Tafalla entre los días 23 y 25 de agosto del años pasado y cuyos daños ascienden a 25.000 euros.
Las pintadas se realizaron durante las noches que los convoyes pasaron la noche en la estación de Tafalla, algo que no era habitual, pero que en agosto de 2024 ocurrió porque desde esta localidad navarra se retomaba el servicio ferroviario después de que el trayecto desde Pamplona se realizara en autobús por unas obras que se realizaron en la línea.
Investigación de las firmas
Según han indicado desde la Guardia Civil, cada grafitero "posee un estilo único", una 'firma' o 'tag' (etiqueta), que le identifica y que "se convierte en su sello de identidad". Por lo que el análisis de las grafías se ha convertido "en una herramienta fundamental" para determinar la autoría de aquellos grafitis que sean constitutivos de un delito.
Tras un análisis de las 'firmas' aparecidas en las pintadas de los trenes de Tafalla y su posterior contraste con la información acumulada a lo largo de los últimos años por los investigadores de este tipo de hechos, se pudo identificar y detener a cuatro grafiteros en las localidades navarras de Tafalla, Pamplona y Cáseda como presuntos autores de delitos graves de daños realizados en la estación de Tafalla.
Antecedentes policiales
Todos los detenidos poseían antecedentes policiales por hechos similares. Se da la circunstancia de que uno de los detenidos, en el momento de su detención, portaba en su vehículo 12 botes de pintura, una cizalla y un pasamontañas. Las cizallas son utilizadas por los grafiteros para vulnerar las medidas de seguridad perimetral de las infraestructuras ferroviarias.
Daños millonarios
Según la compañía Renfe, durante el año 2023 el vandalismo grafitero sobre los trenes de Renfe generó un coste de 25 millones de euros (cerca de 70.000 euros diarios). En esta cifra se incluyen, además de la propia limpieza, los gastos indirectos que se derivan de estos actos (inmovilización de los convoyes afectados con el consiguiente perjuicio para el servicio prestado), como la inversión en seguridad, tanto de personal como otros sistemas tecnológicos.