Unas 500 personas han sido detenidas por la Policía Foral en los últimos cinco años por tener pendiente algún proceso penal o el ingreso en prisión por haber sido condenados por la comisión de un delito. Aunque muchos de ellos pudieron ser localizados en sus domicilios o entornos, otros muchos lo fueron en controles o fruto de otras actuaciones policiales.
La requisitoria es el mandamiento expedido por una autoridad judicial, en el que se ordena el llamamiento, la localización y la puesta a disposición judicial de la persona sometida a un proceso penal. En la fase de instrucción, la expide el juez instructor de una causa criminal para citar y emplazar al reo o acusado de un delito, así como para disponer su búsqueda, captura y presentación cuando se desconozca su paradero, para excitar el celo de las autoridades y agentes de la policía judicial y la colaboración espontánea de los particulares.
En la requisitoria se expresa el nombre y apellidos, cargo, profesión u oficio, si constaren, del procesado rebelde, y las señas en virtud de las que pueda ser identificado el delito por que se le procesa, el territorio donde sea de presumir que se encuentra y la cárcel adonde debe ser conducido.
Rastreo en el entorno
En el momento que la Policía Foral recibe una instancia judicial en la que se solicita la búsqueda, detención y personación o búsqueda, detención e ingreso en prisión, además de registrarse informáticamente, en función del domicilio o domicilios de los que se tenga constancia en bases de datos y el facilitado por el propio juzgado, se asigna el asunto a la comisaría o comisarías territoriales competentes.
Asimismo, se realiza el apunte correspondiente, en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN), a la cual tienen acceso todos los cuerpos policiales nacionales, autonómicos y locales. “La unidad responsable confecciona una ficha del asunto en el que se incorpora toda la información que permita la localización de la persona interesada, filiación completa, fotografía, domicilios, lugar de trabajo, vehículos que utiliza, lugares que frecuenta, etc”, explican desde la Policía Foral, que en los últimos cinco años ha practicado 485 detenciones de personas con una requisitoria judicial, el 98% de ellas dictadas por juzgados del territorio nacional.
Tabla con las detenciones practicadas por la Policía Foral.
Con el fin de dar con el paradero de estas personas, “las patrullas de Seguridad Ciudadana realizan una inspección en los lugares de residencia o de trabajo”. Si las actuaciones no son productivas, se informa al juzgado sobre las actuaciones realizadas, la información recabada (familiares, vecinos, amigos, etc.) y se mantiene el señalamiento en la BDSN.
Identificaciones en controles
Por otro lado, cuando se identifica a una persona en cualquier actuación policial por haber cometido una infracción administrativa, haber tenido un accidente, estar implicado en una pelea, etc, los agentes realizan la comprobación a través de la BDSN por si la persona tiene pendiente algún señalamiento. Si el resultado es afirmativo, se procede a la detención.
En el caso de las órdenes de búsqueda, detención y personación, pueden ser de interés judicial o policial. “Si la detención se produce en el ámbito jurisdiccional del juzgado reclamante y éste se encuentra abierto, se le comunica tal extremo, tanto a éste como al juzgado que realiza funciones de guardia. Posteriormente, y después de realizar las diligencias correspondientes, se siguen las instrucciones que emanen del juez de guardia”, señalan desde la Policía Foral. Si la detención se lleva a cabo fuera del ámbito jurisdiccional del juzgado reclamante, “se informa al juzgado de guardia competente sobre la detención y el señalamiento por la que se realiza. Posteriormente y después de realizar las diligencias oportunas, se siguen las instrucciones”.
Cooperación policial
Si el señalamiento fue introducido en la BDSN por la Policía Nacional o la Guardia Civil, y previa lectura de derechos, la Policía Foral “realiza la entrega de la persona detenida al organismo reclamante. Si el señalamiento fue introducido en la BDSN por los Mossos d’Esquadra o Ertzaintza, se realizan las gestiones oportunas con dicho cuerpo para informar de dicha detención y recabar la información necesaria para que se puedan confeccionar las diligencias oportunas y su puesta a disposición judicial, si procede”, apuntan desde el Cuerpo autonómico.
En aquellos casos que la requisitoria consiste en una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, “si los agentes cuentan con el mandamiento judicial, ellos mismo realizan el traslado del detenido al centro penitenciario. Posteriormente deben elaborar un informe en el que detalle la actuación, el cual es remitido al órgano judicial interesado”. Si la patrulla no cuenta con dicho mandamiento, “se realizan las gestiones oportunas para obtenerlo del juzgado que realiza el señalamiento”, completan desde el Cuerpo autonómico. En todos los casos en los que se produce la detención, se da de baja el señalamiento de la BDSN.