Dieciséis detenidos en Catalunya por hacer desocupaciones extrajudiciales

Los Mossos han desmantelado una red que se dedicaba a desocupar pisos, en los que vivían tanto okupas como inquilinos con contratos de alquiler vigentes, empleando coacciones y violencia y que actuaba bajo el paraguas de un despacho de abogados, ofreciendo un servicio de mediación para dejar libres los inmuebles.

La policía catalana ha informado este domingo de que ha detenido a 16 personas, de entre 27 y 59 años, e investiga a otras once por unas 60 desocupaciones extrajudiciales en toda Catalunya a cambio de las cuales la red obtenía dinero en efectivo de los propietarios de los pisos desalojados, que en algunos casos conocían los métodos violentos utilizados e incluso participaban de ellos.

La investigación se ha llevado a cabo durante los últimos ocho meses, tutelada por el juzgado de instrucción número 3 de Reus (Tarragona), quien ha abierto una causa por este caso por los delitos de lesiones, violación de domicilio, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, amenazas y delitos contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

El magistrado que instruye la causa aprecia también los delitos de descubrimientos y revelación de secretos, falsificación de documento público, robo con violencia, y pertenencia a organización criminal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Además de desocupar los pisos, los Mossos consideran que los detenidos actuaban en algunos casos movidos por el odio y la discriminación por motivo de raza o etnia y eran especialmente violentos con personas de colectivos de determinados orígenes nacionales o étnicos.

Bajo la apariencia de una empresa legal, la red ofrecía servicios de mediación entre propietarios e inquilinos con contratos de alquiler vigentes u okupas -en muchos casos familias en situación de vulnerabilidad- a través de un bufete de abogados, cuyo titular era uno de los socios de la empresa de 'desocupación'.

Los Mossos iniciaron la investigación al constatar un incremento de desocupaciones extrajudiciales relacionadas con una empresa altamente jerarquizada que, para conseguir expulsar a los okupas o inquilinos de los pisos, vulneraba de manera continuada los derechos de éstos.

Lo que inicialmente era un servicio de mediación para conseguir desocupar los inmuebles, ofreciendo pactos a los inquilinos para que dejaran los pisos voluntariamente, se iba transformando, si éstos no aceptaban las condiciones, en acoso, extorsiones y violencia, con visitas y amenazas telefónicas, multitud de llamadas a horas intempestivas, cortes de suministros básicos o daños en el inmueble.

De ahí pasaban a causar daños graves, a presentar denuncias falsas en diversos organismos públicos, violaciones de domicilio, robos en las casas y, en algunos casos, causaban lesiones graves a algunos de los inquilinos, en ocasiones en presencia de menores.

En uno de los casos, según se constató en la investigación, miembros del grupo criminal arrebataron de los brazos de una madre su hija menor para, de esta manera, obligarla a seguirlos, abandonando con ello la vivienda, lo que aprovecharon para entrar en la misma y proceder al desalojo de la mujer.

La actividad de la banda generaba ansiedad y desprotección en las víctimas, algunas de las cuales han requerido de atención psicológica e ingresos en los servicios de Urgencias del hospital psiquiátrico Pere Mates de Reus (Tarragona).

El auto del magistrado sobre este caso señala que la empresa investigada en este caso, Antiokupa Tarraco, para llevar a cabo los desalojos de manera extrajudicial en domicilios y locales cobraba como mínimo 3.500 euros más IVA si el hecho se realizaba en la provincia de Tarragona y 4.000 más IVA si era fuera de la misma. También ofrecía un servicio de palizas, con un coste que dependía del tiempo empleado.

La desmantelación de la banda se produjo el pasado día 15, con las detenciones practicadas en las ciudades barcelonesas de Sant Joan Despí, Rubí, Mataró y Barcelona, además de en L'Hospitalet de l'Infant, Salou y Reus, en Tarragona, donde también se llevaron a cabo entradas y registros en algunos domicilios.

En los registros, los Mossos encontraron dos armas de fuego, otras amas prohibidas, teléfonos móviles, documentación sobre los casos, grandes cantidades de dinero en efectivo y en cuentas bancarias y diverso material con simbología de la empresa.

Cinco de los detenidos contaban con antecedentes por coacciones, amenazas, trato degradante, lesiones, daños, robos con fuerza y tráfico de drogas.

Tras pasar ocho de los detenidos a disposición del juez en Reus, dos de los arrestados han ingresado en prisión en Tarragona mientras que otros seis han quedado en libertad provisional y a disposición del juzgado cuando sean requeridos, según el TSJC.

Entre los que han ingresado en prisión se encuentra A.G.S, uno de los fundadores de la empresa Antiokupa Tarraco, y líder de la organización criminal, según el auto judicial.

Los Mossos no descartan más detenciones, aunque dan por totalmente desmantelada la banda