Diez euros por tonelada de basura y carta de aviso por amianto a los ayuntamientos

Ha figurado siempre en las reuniones del sector con la Administración. Fue una de las lecciones de aquel trágico siniestro ocurrido en febrero de 2020 en el vertedero de Zaldibar. Ya existía el llamado canon de vertido, pero el de esa escombrera por ejemplo era muy bajo por lo que camiones de otras comunidades e incluso de Francia se dejaban ver por allí. Ahora, dos años después, el Gobierno vasco ha fijado la base: 10 euros.

Será a partir del 1 de enero de 2023 y para evitar malos entendidos se ha buscado el consenso estableciendo esa cantidad, la misma que se abona en todos los vertederos de la península. El objetivo es que la empresa en cuestión haga sus cuentas y compruebe que es más caro echar al vertedero sin reciclar que acudir a servicios especializados de valorización y reciclaje. Eso sí, entre los planes de la Administración vasca ya se contempla la posibilidad de ir ajustando este precio y se baraja la cifra de 20 euros por tonelada para 2025 “y ese mismo año revisar esta cifra en función de los resultados obtenidos”, confirmaban.

No será esta la única acción prevista para extremar el control sobre esta actividad industrial, tan cuestionada en los últimos tiempos. Así, el documento de planificación presentado ayer miércoles –Hoja de ruta para garantizar la autosuficiencia y minimizar el vertido– no descarta construir una nueva infraestructura para la valorización de tierras de excavación y áridos, para que ese residuo tenga una finalidad útil y, de paso, no acabe en cualquier vertedero.

Para llevar a cabo estas tareas será necesario “reforzar la implicación de la administración pública en el seguimiento de la actividad de los vertederos, así como una participación directa de la Administración ambiental vasca en la gestión de aquellas instalaciones que se amplíen temporalmente para dar cabida a los residuos durante el periodo previsto para la progresiva reducción del vertido”, detallaron.

Un primer paso es incrementar el personal de inspección y el catálogo de sanciones para 2025 lo que permitiría inspecciones anuales de los vertederos activos e inspecciones periódicas en los inactivos. Y otra lección aprendida de la catástrofe humana y ambiental de Zaldibar: se incluirán mayores garantías financieras para el sellado y post-clausura.

Además, una reciente ley estatal obliga a los municipios a inventariar la existencia de amianto en sus territorios para 2025 y a retirar los que tengan mayor riesgo para 2028. “Por esta razón, y dado que no existe ninguna solución distinta del vertido controlado para esta categoría de residuos, será necesario establecer capacidad de vertido suficiente. Se determinarán celdas específicas, en vertederos concretos, que albergarán, en las condiciones adecuadas, residuos de fibrocemento estructural. Se tratará de espacios controlados de forma rigurosa para garantizar la seguridad de este residuo y la preservación del entorno en el que se deposite”, zanjaron.