Sánchez rectifica y trocea el decreto social a cambio de debatir la cuestión de confianza

Las posiciones en política empiezan a ser como las caras de Bélmez, que aparecen y desaparecen por arte de birlibirloque como si fueran lo que son, una ilusión óptica. Tras negar la mayor desde que decayó e incidir en que volvería a presentar el mismo, Pedro Sánchez ha cedido ante la evidencia e hincado la rodilla ante Junts al aceptar trocear el decreto ómnibus y salvar 29 medidas de la parte social. A cambio, se tramitará en el Congreso la iniciativa que exigía el partido de Carles Puigdemont, que se debata en la Cámara baja una cuestión de confianza que, eso sí, el líder del PSOE sigue sin ver necesaria. De esta forma, saldrán adelante la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o las correspondientes a los afectados por la dana y el volcán de la Palma, así como la prohibición de cortes de suministros para vulnerables, la mejora del bono social o la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, se suma una medida adicional que no figuraba en el anterior decreto, que es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. Para matizar y restar calado a la cuestión de confianza, Sánchez ha precisado que incluye un nuevo redactado en el que se reconoce lo que recoge la Constitución, es decir, que la competencia recae en el presidente del Gobierno.

El Ejecutivo procedió a primera hora de la mañana a negociar in extremis con JxCat hasta el punto de retrasar la reunión del Consejo de Ministros, poniendo también a resguardo las medidas antidesahucios. Pese a que el escenario en que está sumido es de evidente debilidad, Sánchez se arroga el hecho de que en su gabinete de coalición "no damos un partido por perdido y sudamos la camiseta hasta el final". "Este es el Gobierno de los acuerdos" que han permitido cosechar, a su juicio, "cifras récord" de crecimiento económico, de transformación del modelo productivo o de creación de empleo. "Creo que el diálogo, la negociación y el acuerdo son señal de identidad de mis gobiernos y agradezco en consecuencia a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud", ha manifestado, instando a aquellos que no apoyen estas medidas a que no recurran a "bulos, mentiras, falsedades y fake news", sino a argumentos. "En los últimos días también nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del PP y Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras", ha censurado.

Quedan fuera de este decreto todas las medidas tributarias –que se negociarán más adelante–, las relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las dispuestas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente, o la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Catalunya. Tampoco se incluye la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal, que, según Junts, suponían la vulneración de las competencias de Catalunya.

El PP tira de manual

El PP no ha tardado en reaccionar y, tirando de manual, acusa a Sánchez de "plegarse a las imposiciones de Puigdemont". Su portavoz nacional, Borja Sémper, ha evitado aclarar si mantendrán en el Congreso el mismo "no" que votó hace una semana alegando que quieren leer antes el texto aprobado, e insistiendo en utilizar como arma arrojadiza el edificio de París recuperado por el PNV. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha vivido "una jornada para la historia con un Gobierno encerrado en una sala de La Moncloa a la espera de que Puigdemont autorice desde Waterloo que arranque el Consejo de Ministros". "Le ofrecimos los votos gratis para subir las pensiones, ayudar a los valencianos y a los usuarios del transporte, y Sánchez ha preferido plegarse a Puigdemont y someterse a la imposición de la cuestión de confianza que le exigía", han criticado. "Se podía aprobar todo esto sin mayor problema, pero ha sido nuevamente a la manera de Sánchez: con chantajes, mentiras, cesiones y en definitiva, con trampas", ha denunciado Sémper. En el bando popular, quien se ha mostrado especialmente duro con el asunto ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien cuestiona la "dignidad y la decencia política" de la izquierda: "Ni troceo ni cesiones, y ahora se la tienen que envainar".

Desde Junts, la portavoz Míriam Nogueras ha confiado en que el PSOE haya aprendido cuál es "la metodología" de su partido. "Plantarse y aguantar la posición no es fácil pero demostramos que es la única forma de hacer que las cosas pasen, de mejorar la vida de la gente. Estamos logrando que lo que nos dicen que es imposible se haga posible", ha subrayado, para añadir: "Seguiremos con el pieza a pieza. Quedan carpetas por cerrar y no tenemos tiempo". Sobre la cuestión de confianza, Noguerasha precisado que Junts lo que quiere es "debate", y la situó en febrero o marzo como muy tarde.

El PNV, satisfecho

Por su parte, el PNV celebra el acuerdo pero insta al Ejecutivo a atar sus apoyos parlamentarios antes de pasar a aprobar decretos. La formación jeltzale ha destacado además que con este paso vuelve a estar de nuevo en vigor también el modelo de pensiones mixto de Lagun Aro, como estaba incluido en el pacto de investidura. También resaltan que vaya a ser el Estado el que asuma las consecuencias de los impagos por la "inquiokupación", aunque el PNV se oponga a esa forma de okupación de viviendas de los arrendatarios y, de hecho, seguirá trabajando parlamentariamente para ponerle fin. El nuevo decreto-ley incluye otra vez el articulado para que se complete la devolución del edificio de la avenida Marceau de París al PNV. Los jeltzales señalan que es para remarcarlo pero que tampoco era necesario, ya que no había decaído y se contaba ya con seguridad jurídica para esa restitución. Con todo, la portavoz nacionalista en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, ha reprochado al PP que "solo desde posiciones nostálgicas de la dictadura" se puede oponer a esa devolución a quienes son sus "legítimos propietarios". También ha lamentado los "intereses partidistas" del PP al convocar un pleno extraordinario en la Cámara Alta "solo como escaparate para salvar su relato y debilitar al Gobierno".

Por su parte, desde ERC, su portavoz Gabriel Rufián, uno de los que se mostró más indignados cuando se vino abajo el decreto, se ha preguntado si "había que perder una semana" para todo esto. "Es humo, pero es humo que vende en Catalunya. Y es un mal mensaje: joder a la gente tiene premio", ha valorado el republicano. En cuanto a la moción de confianza, Sumar ha salido en defensa de Sánchez, destacando que esa posibilidad es una prerrogativa exclusivamente suya. Por contra, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha atizado al Ejecutivo por estar "sustentado por el separatismo".

Colocados en esta casilla del juego, Junts levanta la suspensión de negociaciones con el PSOE pero lo que Sánchez no ha querido aclarar es la situación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. "Partido a partido", dijo. No en vano, todo es imprevisible en esta legislatura a la que tantas veces han dado por enterrada.