La asamblea de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de Noáin aprobó el 15 de febrero la reunificación de su sede –actualmente en dos espacios de Noáin y Beriáin– en un edificio. La decisión contó con la oposición de los dos representantes de Adelante Beriáin en la Mancomunidad, que conforman Noáin (Valle de Elorz), Beriáin, Cendea de Galar, Monreal, Valle de Ibargoiti, Tiebas-Muruarte de Reta, Biurrun-Olcoz y Unzué.
Este martes la polémica ha vivido un nuevo capítulo. Por un lado, el pleno de Noáin ha aprobado una moción de Navarra Suma que suscribe el acuerdo de la asamblea. Y ha ofrecido la segunda planta del Consistorio para albergar las oficinas unificadas de la sede. De forma paralela, el alcalde de Beriáin (Adelante Beriáin), junto con ediles de su formación y exconcejales de AVB, han protestado por la medida antes de que comenzara el pleno del Consistorio vecino.
El informe de la Mancomunidad justifica la decisión por la pertinencia de compartir información –agrupar en una oficina permite comunicaciones unificadas y una comunicación más eficaz–, evitar desplazamientos que afectan al “rendimiento del equipo” y supone un coste económico, la “gran dificultad” para cubrir vacaciones, la protección de datos, ya que “se corre el riesgo de ser víctima de una brecha de seguridad, puesto que a nivel documental se inician tramites que no se llegan a terminar y que van de un sitio a otro”, las dificultades para coordinarse por la “dispersión estructural” de gerencia y administración y, por último, “que las personas usuarias hacen mal uso de las sedes”, con llamadas por duplicado que “suponen dos personas de administración para un mismo tema”.
Los “criterios sociales”
Por su parte, Santiago Marcos y el alcalde José Manuel Menéndez, representantes de Adelante Beriáin en la asamblea del Servicio Social de Base, defendieron en una moción en el pleno de la localidad “los valores sociales de cercanía, empatía y proximidad con toda su ciudadanía frente a los costes económicos”.
Argumentaron que la decisión se ampara en un informe técnico “a nuestro parecer incompleto y parcial, en base a criterios únicamente económicos y laborales y en ningún caso a criterios sociales”. Un informe que “no dice absolutamente nada sobre los perjuicios sociales que acarrea tal decisión ante una población cada vez más envejecida, más necesitada y con menos recursos”.
Recordaron que, entre las dos sedes, “se han atendido más de 1.000 citas presenciales en tan sólo uno de los cuatro programas en los que este SSB desempeña su servicio de atención ciudadana y trabajo”. Y que la entidad cuenta con un remanente de tesorería de 600.000 euros. “Esta institución pública está pensando y actuando como una empresa privada, olvidándose de su origen y cometido social”, lamentaron.