El Ayuntamiento de Donostia tendrá que volver a sacar a concurso el Servicio de Ayuda Domiciliaria, que salió a licitación en octubre del pasado año por casi 51 millones de euros para cuatro años y fue adjudicado a la empresa Senior Servicios Integrales el pasado mes de enero.
El Organismo Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), dependiente del Gobierno Vasco, ha admitido un recurso presentado por la Asociación Guipuzcoana de Integradores Sociales y animadores Socioculturales (Agisas), lo que obliga a cancelar la adjudicación y devolver los 2,4 millones de euros de fianza aportados por la firma ganadora. La Junta de Gobierno prevista para hoy en el ayuntamiento de Donostia dará su aprobación a ambas decisiones.
El concurso aprobado el pasado año, tras distintas movilizaciones por parte de las trabajadoras, ha sido considerado incorrecto por la agrupación de integradores sociales y animadores socioculturales, que aseguraron en su recurso que “se exigen requisitos desproporcionados, arbitrarios por no justificados y discriminatorios por impedir el acceso” a los puestos del SAD a los Técnicos Superiores en Integración Social.
El Ayuntamiento, por su parte, argumentó que no es cierto que los requisitos solicitados para los puestos cierren la puerta a los citados técnicos en integración social.
Sin embargo, el OARC no opina lo mismo y considera que aunque los técnicos en atención sociosanitaria sí pueden trabajar en el SAD no sucede lo mismo con los técnicos en integración social.
El contrato ahora anulado es el más elevado de todos los que dependen del departamento municipal de Servicios Sociales. Las trabajadoras, más de 400, que forman parte de él ayudan a las personas en las tareas domésticas y personales a quienes lo necesitan, tanto por cuestión de edad como por otros motivos.
Cerca de 2.500 personas de más de 1.800 domicilios de la capital guipuzcoana fueron atendidas en 2021 por parte de las trabajadoras del SAD. Los usuarios del servicio aportan el 18% del coste del mismo, mientras que el Ayuntamiento financia el 57% y la Diputación, el 25%.
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