El Ayuntamiento Donostia ha cerrado en lo que va de año 2022 un total de 30 pisos turísticos clandestinos, que forman parte del medio millar (530) que han sido clausurados desde el año 2018, cuando se aprobó la ordenanza de pisos turísticos. La norma fue anulada después en los tribunales, lo que llevó a que sus fundamentos se incluyeran en el Plan General.
La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, dio a conocer la cifra de apartamentos vacacionales sin licencia que el Consistorio ha cerrado en el debate de la moción de control presentada por EH Bildu en el último Pleno para reclamar distintas relacionadas con estos alojamientos.
Arzallus concretó que en el año 2018 se cerraron 181 pisos clandestinos por carecer del oportuno permiso; en 2019, 213; en 2020, 56; en 2021, 50, y en el presente año, hasta el momento, 30. Como se puede apreciar, cada año se clausuran menos alojamientos para visitantes.
Por otra parte, ahora hay cerca de 1.300 pisos turísticos vacacionales legales, que cumplen con los requisitos de la normativa municipal de Donostia, al igual que 130 habitaciones turísticas.
Como en otras ocasiones, el debate sobre la conveniencia y control de estos establecimientos para visitantes enfrentó al Gobierno municipal y los grupos de la oposición EH Bildu y Elkarrekin Donostia, que muestran distintas opiniones sobre este tipo de alojamientos, que han proliferado en los últimos años.
El PP, por su parte, defiende la existencia de estos pisos y, al igual que el Gobierno PNV-PSE, rechazó la moción de EH Bildu, excepto en el punto que pedía más medios poder llevar a cabo el control de estos pisos.
EH Bildu y Elkarrekin Donostia, por su parte, defienden que la anterior normativa del Plan General, que básicamente solo permitía pisos turísticos en la primera planta o sobre oficinas y usos terciarios, es la que se debería aplicar para contener el fenómeno de los apartamentos para visitantes.
Por su parte, las formaciones PNV y PSE, además del PP, defienden la regulación de la ordenanza de 2018 (transformada después en normas del Plan General), que amplía las opciones.
La normativa donostiarra tiene declarada como saturada de alojamientos la Parte Vieja, por lo que no se pueden abrir ni pisos ni hoteles y similares. En otros barrios, el Ayuntamiento abre la mano con condiciones concretas, que permiten la actividad en algunos casos y no en otros.
En los barrios considerados de alta demanda (Centro, Gros y partes de Amara, Egia y El Antiguo) se permiten pisos turísticos no solo en las primeras plantas sino, también uno más por cada seis plantas si con él no se alcanzan los 250 metros terciarios en las zonas de acceso común del edificio. Si hubiera otras seis plantas en el edificio, se puede autorizar otro piso más con la misma limitación de metros totales.
En el resto de la ciudad, puede haber dos pisos turísticos por encima de la primera planta en las seis siguientes y otros dos más, si hay doce plantas. En este caso, el límite de metros no residenciales totales autorizados es de 350. Las multas por abrir un piso turístico sin licencia oscilan entre los 600 y los 50.000 euros.
En su defensa de la moción, el concejal de EH Bildu Markel Ormazabal aseguró que la normativa aprobada en 2018 supuso “legalizar cientos” de pisos turísticos, mientras la concejala Arzallus respondió que permitió una “regularización” y acusó al Gobierno de Juan Karlos Izagirre de dejar una situación de “cachondeo” en la materia.
Por otra parte, Arzallus manifestó que los pisos turísticos legales en la actualidad suponen el 1,38% de todos los existentes en la ciudad, mientras antes de la ordenanza eran 1,6%. Asimismo, añadió que otras localidades de Gipuzkoa, entre las que citó Getaria en la costa y otras del interior, tienen mayor proporción de pisos turísticos.
Ormazabal, por su parte, dijo que muchas localidades han tomado como modelo de regulación la que existía antes en Donostia, autorizando estos apartamentos en la primera planta, y citó a Bilbao, Logroño Sevilla o Cádiz.