El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha apelado al diálogo institucional para compatibilizar que se garantice cierta protección a los cuarteles de Loiola sin obstaculizar el "necesario" desarrollo urbanístico de la zona.
En una comparecencia posterior tras a la reunión semanal del Consejo de Gobierno en Vitoria, Zupiria se ha referido a la polémica suscitada tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que determinó, ante un recurso interpuesto por Vox, que los edificios militares de Loiola deben estar protegidos por su valor patrimonial.
En el lugar, el Ayuntamiento de Donostia tiene previsto un proyecto urbanístico de 1.700 viviendas y, en sentido, mantiene negociaciones con el Ministerio de Defensa para hacerse con los terrenos que ocupa el acuartelamiento.
El portavoz del Ejecutivo vasco ha destacado que el acuartelamiento es propiedad del Gobierno español y, por tanto, es el Ministerio de Cultura el que tiene la competencia para su protección, no las instituciones vascas.
Bingen Zupiria ha recordado que el Gobierno central no ha adoptado ninguna decisión tendente a proteger los cuarteles en todos estos años. Además, ha explicado que el Ejecutivo vasco, "en ningún caso, ha propuesto la declaración de conjunto monumental" para el acuartelamiento.
"Los diferentes trabajos técnicos que se han realizado desde el Departamento de Cultura y desde el área de Patrimonio sí han considerado, desde un punto de vista técnico, que eran unas instalaciones que sí deberían tener algún nivel de protección, pero no de los niveles máximos de protección", ha puntualizado.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
Zupiria ha considerado, en nombre del Ejecutivo vasco y como consejero de Cultura, que "es necesario encontrar un punto de equilibrio entre la conservación de algún bien cultural material y las necesidades que pueda tener una sociedad viva, como es la donostiarra, con unas necesidades evidentes de vivienda".
Por ello, ha señalado que, "en cualquier caso y al margen de la sentencias y de los recursos que se puedan producir, es obligación de las instituciones dialogar y llegar a acuerdos para asegurar que, por una parte, se garantice el mantenimiento de algún recuerdo de lo que han sido hasta ahora esos edificios, que han tenido un uso determinado durante todos estos años, pero que eso no sea un obstáculo para las necesidades que hoy en día tiene Donostia para su desarrollo urbanístico".