Acepta la petición de Ancora, que asegura que el edificio es un monumento inventariado por el Gobierno Vasco, una catalogación que quedó anulada en 2017
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia suspendió el pasado viernes la obra del Bellas Artes, tras la petición formulada por el colectivo de defensa del patrimonio Áncora. En concreto, dictó un auto en el que paraliza de forma "cautelarísima" la obra de reforma autorizada por el Ayuntamiento para transformarlo en edificio de alojamientos turísticos, tras estudiar la reclamación de Áncora, que remitió una fotografía de operarios en el interior del edificio, que daba fe del inicio de trabajos, y asegurar que el edificio está catalogado como Monumento por parte del Gobierno Vasco.
El juez da un plazo de tres días tanto al Ayuntamiento de Donostia, que ha otorgado la licencia de derribo interior, reforma y ampliación del inmueble, como a su propietaria, la empresa Sade, con el fin de que, si lo consideran, presenten alegaciones a la suspensión de la obra para tomar una decisión definitiva sobre si la reforma del viejo cinematógrafo puede seguir o queda parada de modo definitivo.
El Juzgado aprecia circunstancias de "especial urgencia" para adoptar la medida dictada ya que considera que las obras han empezado. "Ha quedado acreditada la concurrencia de circunstancias de especial urgencia", dice el Juzgado, que señala que Áncora ha aportado una prueba documental en la que "se acredita indiciariamente que las obras de derribo interior del edificio" han comenzado.
Con toda seguridad, el Ayuntamiento y la Sade alegarán contra la suspensión "cautelarísima" de la obra, ya que se fundamenta en que el Gobierno Vasco incluyó el Bellas Artes en el inventario de Monumentos del País Vasco en 2015. Sin embargo, dos años después, el mismo edificio fue desprovisto por el Gobierno Vasco de su naturaleza de Bien Cultural con la categoría de monumento, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que dio la razón a sus propietarios en que el edificio se hallaba "de hecho en ruina", por lo que la Sade solo estaba obligada a garantizar la seguridad derivada de su existencia.
En concreto, el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno emitió en octubre de 2017 una orden en que la que resolvía "no inscribir el palacio de Bellas Artes como Bien Cultural, con la categoría de monumento, habida cuenta de la situación de hecho de ruina del inmueble, del análisis económico realizado, y de no haber sido incluido en el nivel de los bienes de mayor relevancia y singularidad".