La asociación Áncora consiguió suspender de modo cautelar las obras de reforma del Bellas Artes nada más comenzar, pero ahora se enfrenta a la petición de casi cuatro millones de euros si quiere que se mantenga la suspensión
El juzgado contencioso administrativo número 3 de Donostia ha admitido que se mantengan suspendidas de modo cautelar las obras del Bellas Artes, como solicitó Áncora tras su inicio, siempre y cuando la asociación de defensa del patrimonio aporte 3,9 millones de euros.
Precisamente, Áncora y otras asociaciones han convocado una manifestación a las 12.00 horas del mediodía de hoy para exigir que no se lleve a cabo la obra para transformar el viejo cinematógrado en un edificio de apartamentos turísticos y otros usos, lo que conlleva el derribo interior del inmueble y el mantenimiento de la fachadas.
La elevada cantidad que reclama el juez corresponde al coste necesario para garantizar la situación del edificio durante todo el procedimiento judicial, que tiene que determinar si la licencia municipal que está recurrida es correcta, y para mantener las fachadas arriostradas (sujetas con hierros) con el fin de " evitar su colapso, dada la situación de ruina del edificio", dice el juez.
El tribunal admitió la adopción de una suspensión temporal de la obra "como medida cautelarísima" a principios de mes, tras la reclamación de Áncora, nada más arrancar las obras en el edificio. Ahora, el juez permite que se alargue la suspensión de los trabajos hasta que los tribunales decidan si la licencia es o no adecuada, ya que ha sido recurrida, con la condición de aportar la citada cantidad.
Si los jueces decidiesen la anulación de la licencia, podría suceder que cuando se dictase sentencia el interior del edificio estuviese ya derribado. De ahí la suspensión cautelar de la obra. Sin embargo, si los tribunales consideran que la sentencia es ajustada a la ley, los propietarios perderían dinero por tener el edificio a la espera de la sentencia, pero con un montaje para estabilizarlo, andamio, marquesina, una grúa, ocupación de vía ública y otros gastos.
En el Pleno del pasado jueves, la concejala de Obras y Proyectos, Duñike Agirrezabalaga, aseguró que el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacerse con la propiedad del edificio en ruina sin desajustar su presupuesto y que hubiera supuesto "hipotecar el presupuesto de inversiones durante años". Añadió que sería como "vender el coche para comprar gasolina".