La comisión de control y seguimiento de la contratación del Ayuntamiento de Donostia ha detectado un total de 35 "ilegalidades" dentro de la actividad llevada a cabo por la institución local a lo largo del pasado año. Estos puntos negros en la gestión de los contratos se refieren a modificaciones aprobadas después de que se pongan en marcha de modo efectivo –lo que es contrario a las normas–, a añadidos a obras en curso y a prórrogas de servicios sin la tramitación correspondiente, por ejemplo.
La cifra de irregularidades halladas es inferior a la registrada a lo largo de 2020, cuando el número de actuaciones ajenas a la normativa legal en vigor ascendió a medio centenar.
La comisión de control en la contratación nació en 2008 con el fin de analizar la situación cada año y mejorar los procesos.
A lo largo del pasado año 2021, según el documento, la institución local formalizó un centenar de nuevas contrataciones, más que las 68 contabilizadas a lo largo de 2020, un año muy condicionado por la pandemia.
En 2021, por su parte, más de la mitad del centenar de los convenios firmados (58) correspondieron al propio Ayuntamiento. Además, la sociedad Fomento de San Sebastián encargó 14 actuaciones a empresas; el Patronato de Deportes, nueve; el Centro Informático Donostiatik, siete: Dbus, seis; Donostia Kultura, cinco; y San Sebastián Turismo, uno. Además, a lo largo del ejercicio se liquidaron 17 contratos y se modificaron 32.
Los cien contratos registrados a los largo del pasado ejercicio suponen un incremento del 47% en los encargos llevados a cabo por la institución local que, a lo largo de 2020, tuvo que mantener limitaciones a causa de las restricciones legales derivadas de la pandemia de covid.
Entre las distintas actuaciones indebidas detectadas por la comisión de control en la contratación, de la que se dará cuenta a la Corporación en el Pleno de hoy, hay algunas relacionadas con obras.
Por ejemplo, en la actuación para instalar Hondalea en el faro de la isla. Es esta obra se encargaron "unidades nuevas que hubieran requerido de un tramitación de un expediente de modificación", según señala la memoria tras el análisis de la certificación final del contrato. La misma obra también salió reseñada en la memoria de la comisión de control de 2020, en este caso por modificar el convenio de rehabilitación de la casa del faro después de comenzar los cambios previstos.
También se detectaron el pasado año unidades de obra que hubieran necesitado nuevos contratos en la ampliación del nuevo aparcamiento de Dbus así como en la habilitación de la nueva sede del Archivo Municipal bajo la plaza Blas de Otero.
Por su parte, en la obra del paso inferior de Iztueta se mantuvo la suspensión del contrato, tras la caída de la catenaria que obligó a ello, pero el expediente se aprobó a posteriori. En esta actuación, además, también se modificó el contrato de asistencia técnica, una vez que el cambio ya se había encargado, dice la memoria.
Además, distintos contratos de servicios que adjudica el Ayuntamiento también fueron objeto de errores, según señala la memoria. Por ejemplo, el Consistorio dio continuidad al control de servicios de lectura de los contadores de agua, cuando hubiera sido necesario llevar a cabo un nuevo contrato.
Otros encargos llevados a cabo sin todos los parabienes legales según la normativa son, por ejemplo, la continuidad del servicio de atención diurna para mayores en situación de fragilidad (Goizaldiak) y lo mismo sucedió en el caso de la limpieza, tanto viaria como de edificios municipales. En ambos casos se encargaron cambios en el servicio antes de modificar los contratos y aprobarlos.
Por otra parte, también se encargó la realización de una campaña de recogida de cápsulas de café, antes de llevar a cabo su adjudicación formal y se utilizaron contratos menores para llevar a cabo un único encargo, como la publicación de un libro y la redacción de fichas sobre las esculturas de la ciudad.
El concejal de Hacienda, responsable de las contrataciones, Kerman Orbegozo, con pocos meses en el cargo, no se ha manifestado sobre las irregularidades, pero su predecesor, Jaime Domínguez-Macaya, aseguró el pasado año que las ilegalidades de las que informaba la memoria habían sido "pecados veniales" y que no había ninguna de gran calado, como podrían ser adjudicaciones a dedo. Este tipo de irregularidad tampoco se detectó a lo largo de 2021.