Donostia: La imprudencia tiene un precio

La imprudencia tendrá un precio en Donostia. A partir de septiembre, según el calendario previsto, las personas que incumplan las recomendaciones de las autoridades y obliguen a poner en marcha servicios municipales para su búsqueda, rescate o salvamento tendrán que pagar una nueva tasa, que estará relacionada con los vehículos y el personal que tenga que participar en el rescate.

El Gobierno Vasco tiene una normativa similar para rescates en montaña, por ejemplo, cuando estos se producen en momentos desaconsejados por las autoridades, entre otros casos.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde inicial este martes a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios de búsqueda, rescate y salvamento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Donostia.

Tras el periodo para presentar alegaciones y su estudio, el texto se aprobará definitivamente después del verano si no hay aportaciones y algo más tarde si las hay.

Así, los bañistas que se adentran en las aguas del mar fuera del horario de los socorristas y que tengan que ser rescatados por los bomberos o quienes se suben a lugares de los que no pueden después bajar, por ejemplo, tendrán que abonar la correspondiente tasa. En abril, sin ir más lejos, dos jóvenes tuvieron que ser rescatados de las aguas de La Concha de madrugada, una actuación que supuso un coste de 6.000 euros, según calculó el Ayuntamiento.

El precio será "trasparente", dijo el alcalde, Eneko Goia, que recordó que se basará en la tabla de precio fijada en la nueva ordenanza. Así, el coste de uso de un vehículo oscila entre los 28 euros de la salida de una moto acuática y los 185 euros de un cambión autoescalera de 42 metros de los bomberos. A esta cantidad se le suma el coste de la salida de los trabajadores. El de un agente de bomberos es de 41 euros por hora mientras que el de un oficial del mismo cuerpo alcanza los 69 en la tabla creada.

Así pues, el precio mínimo por un rescate básico en el mar con la intervención de un bombero y una moto acuática sería de 69 euros. De ahí en adelante se irá multiplicando en función de los medios empleados en la actuación.

El alcalde, Eneko Goia, aseguró que el objetivo de esta tasa es "evitar que se produzcan situaciones de riesgo innecesarias, negligentes, que terminen conllevando la actuación del servicio de bomberos para realizar un rescate, que conlleva la movilización de recursos tanto materiales como personales".

La nueva ordenanza, que pretende "ahondar en la cultura preventiva" para las prácticas de riesgo, tanto deportivas como de ocio, contempla varios supuestos. Por una parte, la "inobservancia" de las señales de advertencia de peligro, prohibición u obligación, que estén convenientemente ubicadas en los emplazamientos donde se desarrollen las actividades que terminen con un salvamento.

También se cobrará por no hacer caso a "las precauciones, instrucciones, avisos u orientaciones de autoprotección emitidas por los órganos competentes en materia de seguridad y protección civil de las Administraciones Públicas".

Las conductas imprudentes o temerarias también serán motivo de cobro de tasa si conllevan la activación de los servicios de rescate y también lo serán aquellas actuaciones de simulación de existencia de riesgo o peligro. En este caso, el que tendrá que pagar la tasa será quien sea responsable de la simulación o el autor del aviso falso de peligro.