Donostia-San Sebastián y Defensa acuerdan vender los cuarteles de Loiola para construir hasta 1.700 viviendas

El alcalde de Donostia_San Sebastián, Eneko Goia, ha anunciado que el Ayuntamiento a un acuerdo de compraventa con el Ministerio de Defensa para la cesión de los Cuarteles de Loiola al Consistorio. "Ha sido un proceso largo que tiene en origen una reclamación histórica de la ciudad", ha explicado Goia en la rueda de prensa de urgencia celebrada este martes por la mañana. A cambio de 73 millones de euros, Donostia adquiere las 17,5 hectáreas de los Cuarteles, que el Ejército español deberá abandonar en un plazo de cuatro años. El acuerdo, además, incorpora terrenos que no están en Loiola, y sí en Ulia, donde el Ministerio de Defensa sigue siendo propietario de seis hectáreas.

El primer edil jeltzale ha asegurado que el Ayuntamiento “ya está trabajando en el diseño del nuevo ámbito” en la vega el Urumea, con un desarrollo residencial que podría alcanzar entre las 1.500 y 1.700 viviendas, en función de la modificación del Plan General: "Ahí se determinará exactamente cuántas serán".

Dos edificios del actual acuartelamiento se mantienen, el Infanta Mª Teresa y Princesa Mercedes, y se destinará a equipamientos.

Los terrenos situados en la vega del Urumea han sido un objeto de deseo por parte del Ayuntamiento para el aprovechamiento urbanístico de la zona, donde la intención mostrada por el Consistorio es la de construir varias miles de viviendas, un 40% de ellas, como mínimo, protegidas. Además, gracias a este acuerdo, que comenzó a fraguarse en las negociaciones para apoyar los presupuestos del Estado de 2020 entre el PNV y el PSOE, además de la ejecución de viviendas se podrá acometer la eliminación del último obstáculo hidráulico que queda en la zona, el deteriorado puente de acceso, para ensanchar el cauce y evitar inundaciones.

Cabe recordar que durante este largo proceso de negociación se produjo el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sobre un recurso de VOX, que obliga a proteger los edificios como parte del patrimonio urbanístico de la ciudad. Esta sentencia está recurrida por el Ayuntamiento.