Dos arrepentidos de ETA achacan a la cúpula de la organización la decisión de matar a Miguel Ángel Blanco

Dos antiguos miembros de ETA que ahora son testigos protegidos relataron el pasado abril al entonces juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón que la decisión de secuestrar y matar al joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 tuvo que tomarla necesariamente la cúpula de la organización terrorista por tratarse de un político, al tiempo que aseguraron que si se era "crítico" con sus órdenes "te tenías que ir".

Solo autonomía para tentar contra FSE

Así se recoge en las declaraciones prestadas. En ellas, ambos explicaron que los comandos de ETA solo tenían "autonomía" para matar a policías, militares y guardias civiles, pero que otros objetivos --como políticos, jueces y fiscales-- tenía que fijarlos el Comando Ejecutivo o Zuba de ETA.

Interrogados sobre qué podía pasar si algún etarra se negaba a acatar una orden, uno de ellos expuso que, "si es por miedo, lo mandaban a otro país". Normalmente, pasaban primero por Francia -- su "santuario"-- y de ahí partían hacia América Latina, precisaron. "No podías ser crítico, si eras crítico lo tenías que dejar", afirmó uno.

Con todo, los dos aseguraron que la orden de secuestrar y matar a Blanco solo pudo emanar de su cúpula, razón por la cual era la única que pudo evitarlo. "Evitar si se podía evitar pero la dirección no quería evitarlo. El Comité Ejecutivo mando a ejecutar a Miguel Ángel Blanco", aseveró uno.

No obstante, ambos admitieron que ninguno tuvo conocimiento directo de ello. Uno estaba ya encarcelado cuando ocurrieron los hechos y el otro, aunque aún seguía en activo, no formó parte de este atentado.

Posible prescripción del caso

Estas declaraciones se conocen justo el día que la Audiencia ha celebrado una vista para decidir si deja sin efecto el procesamiento de los ex jefes de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Blanco.

Precisamente, la Fiscalía ha apoyado archivar la causa abierta por el asesinato del edil del PP en Ermua contra estos tres exjefes de ETA al ver prescrito el atentado, y ha pedido no crear una "jurisprudencia de excepción" para sentarlos en el banquillo, al suponer una "merma del Estado de Derecho".

Cuatro exdirigentes de la banda terrorista -Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Renteria; Soledad Iparaguirre, Anboto; y José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri- están procesados en la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad como miembros del comité ejecutivo de ETA en el secuestro y asesinato del joven concejal.

Este lunes la Audiencia Nacional ha estudiado en una vista los recursos que interpusieron hace unos meses los tres primeros contra el auto que propone sentarlos en el banquillo al considerar que el crimen ya ha prescrito para ellos por haber pasado más de 20 años -plazo legal de prescripción- entre el atentado y el momento en que se dictó una resolución en su contra.

Las defensas han defendido esta idea y el fiscal Carlos García Berro ha respaldado su tesis en un discurso en el que ha pedido no crear una "jurisprudencia de excepción" ni hacer "interpretaciones imaginativas" en torno a la prescripción cuando "el legislador lo ha dejado muy claro".

Según ha explicado, no cabe la "aplicación retroactiva" de la reforma de 2010 del Código Penal que declaró "imprescriptibles" los delitos de terrorismo que hubiesen causado la muerte de una persona porque dicha norma tiene una disposición transitoria que impide su aplicación para casos ocurridos antes de su entrada en vigor.

García Berro ha pedido al tribunal que no posponga su decisión sobre la prescripción, un asunto que llegó a provocar discrepancias incluso entre fiscales.

Frente a su postura y la de las defensas, las acusaciones ejercidas por el PP, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros, han solicitado seguir adelante con la causa.

Las acusaciones han hecho referencia a jurisprudencia que avala continuar con el procedimiento y el abogado del PP, Jesús Santos, ha añadido que solo así se podrá salvaguardar la dignidad de las víctimas para "conocer la verdad" y obtener una reparación frente a "los hechos más execrables".

A diferencia de Mikel Antza; Iñaki de Renteria; y Anboto, la Fiscalía no ve prescrito el atentado respecto al cuarto exjefe de ETA procesado José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, al haberse dictado su procesamiento en 2016, antes de que venciera el plazo de prescripción.

El juez Manuel García Castellón, recientemente jubilado y al que correspondió investigar este atentado en el mismo momento en que se produjo, el 12 de julio de 1997, reabrió esta causa en 2022 tras admitir a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia contra varios exjefes de ETA en aquel entonces por este crimen.