Dos escaladores se enfrentan a una sanción de hasta 400.000 euros por incumplir la normativa que prohíbe el ascenso por la atalaya superior del cabo de Ogoño durante el periodo de reproducción del alimoche. Los deportistas en cuestión fueron atisbados el pasado miércoles por técnicos que estaban haciendo el seguimiento del anidamiento de esta especie en peligro de extinción. Tras dar la voz de alarma, guardas forestales de la Diputación Foral de Bizkaia se personaron en el lugar de los hechos y expedientaron a los montañeros. El análisis de los posibles daños causados será el que determine la gravedad de lo ocurrido. “Una actividad de este tipo puede suponer una pérdida del nido, no solo de este año. Ha habido casos que han dejado de utilizar la pared durante más de 20 años”, advierte Iñigo Zuberogoitia, consultor de Estudios Medioambientales de Icarus.
El menoscabo causado a esta ave rapaz por una actividad recreativa puede ser irreversible; por ello, en el caso de esta zona de Ogoño, se prohíbe la escalada entre el 1 de marzo y el 15 de septiembre. “Es una especie muy sensible a las molestias, cuando ven cualquier cosa que pueda poner en peligro la integridad del nido o de los pollos, lo abandonan”, explica Zuberogoitia, que lleva más de 24 años analizando el comportamiento del alimoche a través de una monitorización intensiva de la ave en todo el territorio. De hecho, fue un compañero suyo quien detectó a los alpinistas en el cabo, donde hay carteles que informan sobre la prohibición. “Siempre hay alguno que pasa de todo. Y es importante que el mismo gremio le pare los pies”, considera el consultor que, por su parte, denunció lo ocurrido a través de su página de Facebook.
“En este momento los alimoches están haciendo el nido y espero que no los hayan visto porque todavía no están todo el tiempo en el nido, sino que van y vienen”, indica Iñigo Zuberogoitia sobre el adecuamiento del nido del año pasado, un proceso en el que invierten entre tres y cuatro semanas. “Si esto hubiera ocurrido dentro de dos semanas, cuando ya hay huevo, adiós, se pierde. Todavía estamos a tiempo, pero hay que ver qué reacción tienen los alimoches. Si hay suerte es posible que sigan adelante con la reproducción. Eso lo sabremos dentro de unas semanas”, expone el experto.
Fuentes de la institución foral señalaban a este periódico que tras la apertura del expediente a los dos escaladores se determinará, entre otras cuestiones, si hubo intencionalidad o la gravedad de los daños causados. Este expediente garantizará a los montañeros el poder tener una defensa. En función las conclusiones se decidirá si la infracción puede considerarse leve (lo que supone una multa de 200 a 3.000 euros) o grave (de 3.001 a 200.000 euros). “Una vez que aparece un escalador, por mucha multa que le metas, el daño ya está hecho. Lo que se intenta es evitar que se produzca”, considera Zuberogoitia sobre la función preventiva de las sanciones.
Revertir la situación
“En estos momentos los datos son positivos, pero actuaciones como estas pueden truncar el optimismo rápidamente”, afirma el biólogo de Icarus, quien indica que en los últimos años el trabajo de la guardería, los técnicos forales de Patrimonio Natural y el gremio de escaladores han dado sus frutos para revertir la situación del alimoche. Sin embargo, no es la primera vez que Iñigo Zuberogoitia apercibe sobre la presencia de montañeros en el emblemático cabo vizcaino. “Hace dos años empezamos a ver muchos escaladores en Ogoño y la guardería no daba abasto”, recuerda. En una ocasión, con la cría de una pareja de alimoches ya nacido, tuvo que realizar un llamamiento por las redes sociales: “Tuvo muy buena acogida y gracias a ello el pollo siguió adelante, pero si hay una afección, los adultos no entran a dar calor o comida. Eso supone que, en función del tiempo que esté sin ser atendido, puede llegar a morir. He llegado a ver con el telescopio cómo había gente cerca del nido, no siempre son escaladores, y siento una impotencia tremenda”.
Según indica Zuberogoitia, los diversos llamamientos realizados en sus redes no tienen como objetivo acusar a ningún colectivo, sino solicitar ayuda para conservar a los alimoches. “En la primera década de seguimiento, hubo bastantes problemas con los escaladores, hasta que se empezó a regular todo”, evoca respecto a la normativa que se puso en marcha en 2012. “Se trata de pedir al colectivo que me ayuden a evitar que ciertas personas pasen por encima de todo. Con la ayuda de todos podemos ir sumando y siendo optimistas respecto a esta especie muy amenazada a nivel global”, sostiene.