El Consejo de Transparencia del Estado ha emitido un duro informe contra el anteproyecto de ley de Información Clasificada y recomienda al Estado revisar los plazos de las informaciones denominadas como secretas, entre las que se encuentra el caso de Mikel Zabalza, el navarro que murió a manos de la Guardia Civil en Intxaurrondo en 1985.
El órgano estatal, encargado de garantizar el acceso a la información pública, observa en la propuesta una “excesiva rigidez” tanto en los plazos de clasificación como en las prórrogas a las que se puede someter a casos concretos.
En el de Zabalza, que según el CNI es un caso catalogado como “secreto” –eso respondió la exdirectora cuando fue preguntada en marzo–, pasaría con la nueva ley a ser alto secreto –50 años más 15 si hay prórroga–. Es decir, que si así lo decide la autoridad podría quedar oculto hasta 2050.
Se trata de un toque de atención importante para el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, al que la gestión de los secretos oficiales relacionados con la Transición y la guerra sucia le están generando quebraderos de cabeza y tiranteces con sus socios.
PNV y Geroa Bai llevan años intentando –con iniciativas en Congreso y Senado– que se desclasifiquen informaciones sobre víctimas. Hasta el día de hoy, el Estado se niega amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, que fue firmada en 1968 y cuya legitimidad democrática está en lógica cuestión.
Durante esta legislatura, tanto el diputado Aitor Esteban como el senador Koldo Martínez han intentado que se reforme la vieja ley para que se desclasifiquen los documentos, pero el PSOE ha desviado ese debate con la promesa de que sacaría adelante una nueva ley. Lo que pasa es que la nueva ley es igual o más restrictiva que la franquista.
El órgano critica que el anteproyecto limita las leyes de transparencia, intenta ampliar mucho las materias que pueden considerarse secretas –incluso intereses económicos, asuntos de la vida de los ciudadanos o relaciones exteriores– y otorga a una larga lista de cargos –desde el Gobierno a los directores de la Policía y Guardia Civil, CNI y autoridades policiales autonómicas– la capacidad de determinar qué es secreto.
Por todo ello, el Consejo solicita al Estado que su ley sea más concreta, más previsible, más garantista con los derechos de acceso –incluso que permita a entidades civiles solicitar desclasificaciones sin tener que penar hasta el Supremo– y no tan rígida con los plazos, como ocurre en otros países de la UE.
Una reforma en profundidad que no agrada en las altas esferas del Estado, y que además está amenazada por el escaso margen que deja lo que queda de legislatura. Dependerá de la voluntad política del Gobierno modernizar la ley o que España continúe con la legislación franquista en este ámbito.
Una ley tramitada con agosticidio, prisas y la oposición de historiadores y archiveros
La propuesta de ley del Gobierno ha suscitado muchas críticas aparte de la del Consejo de Transparencia. Una ley que aspira a sustituir a una norma franquista, nada menos que para regular los secretos oficiales del Estado, se abordó en Consejo de Ministros en agosto, por el trámite de urgencia y sin apenas margen para la exposición pública y la formulación de alegaciones (siete días).
Pero los historiadores, archiveros y periodistas –quizá los tres gremios más afectados– estuvieron atentos y han formulado alegaciones públicas que el Ejecutivo todavía está a tiempo de tener en cuenta.
Todos coinciden en denunciar la falta de participación en una ley que tendría que ser ejemplar. Más de cincuenta asociaciones de archiveros de todo el Estado han formulado una queja conjunta en la que critican el escaso margen para la solicitud de información pública que deja la ley, la incompatibilidad del texto con los mínimos exigibles a una democracia y unos “plazos de desclasificación excesivamente largos”, y que ellos creen que deberían ser, como máximo, de 30 años, y no de 65 como se plantea en la ley.
Es esta posibilidad, la de mantener ocultas las informaciones 65 años, la que motivó a Carlos Sanz Díaz, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, a formular también alegaciones. “Impedir con carácter retroactivo la investigación de sucesos importantes hasta pasados 65 años imposibilitará la investigación histórica de la descolonización del Sáhara, el 23-F, las acciones del GAL hasta 1987 –secretas hasta 2052– o los atentados del 11-M”, denunció.
Críticas que también secundó la Fape, la asociación de periodistas más grande, con cerca de 17.000 profesionales.