Duterte arrestado por crímenes contra la humanidad: utilizó su poder como presidente y escuadrones para matar

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI). La detención está relacionada con crímenes contra la humanidad cometidos durante su polémica "guerra contra las drogas", una campaña que dejó miles de muertos en ejecuciones extrajudiciales bajo su mandato entre 2016 y 2022.

Organismos internacionales y defensores de derechos humanos habían denunciado durante años las atrocidades cometidas bajo su administración, presionando para que enfrentara la justicia. Su arresto marca un hito en la lucha contra la impunidad en Filipinas y podría sentar un precedente para otros líderes acusados de crímenes similares.

Detalles de la detención

Duterte aterrizó en Manila a las 9:20 a.m. (hora local), procedente de Hong Kong, momento en que fue detenido por las fuerzas de seguridad y trasladado a la base aérea de Villamor. Según un comunicado oficial del Palacio de Malacañang, el exmandatario y su comitiva se encuentran en buen estado de salud tras ser examinados por médicos del Gobierno.

No obstante, Duterte calificó su arresto de "ilegal" en un video difundido por su hija, Veronica Duterte, en el que se le observa cuestionando al fiscal general, Anthony Fadullon: "¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?". El ex secretario ejecutivo de Duterte, Salvador Medialdea, defendió que Filipinas ya no es miembro del TPI desde 2019, cuando el propio Duterte retiró al país del tribunal para evadir la investigación en su contra.

Los cargos en su contra y la investigación del TPI

La orden de arresto, emitida por el TPI y compartida con Interpol, se basa en una investigación iniciada en 2021 sobre la muerte de miles de personas en operativos antidroga, muchos de ellos vinculados a la policía y a un escuadrón de la muerte conocido como "Davao Death Squad" (DDS), presuntamente dirigido por Duterte. El tribunal considera que existen "motivos razonables" para creer que el expresidente es responsable individualmente del crimen de lesa humanidad de asesinato.

Según datos oficiales, al menos 6.000 personas murieron en la "guerra contra las drogas", aunque organizaciones humanitarias elevan la cifra hasta 30.000 víctimas. Testimonios y pruebas recopiladas por el TPI indican que Duterte ordenó, incentivó y facilitó los asesinatos extrajudiciales, ofreciendo recompensas a agentes policiales y sicarios por eliminar a presuntos delincuentes.

Duterte retiró a Filipinas del TPI en 2019, argumentando que el tribunal no tenía jurisdicción sobre su administración. Sin embargo, el TPI sostuvo que Filipinas era miembro cuando ocurrieron los crímenes, por lo que tiene competencia para juzgar los hechos.

Reacciones nacionales e internacionales

La detención de Duterte ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y en su entorno familiar. Su hija, la actual vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, denunció que su padre está siendo "trasladado por la fuerza" a La Haya y calificó el arresto como "una afrenta a la soberanía" del país. Además, acusó al gobierno de Ferdinand Marcos Jr. de entregar a un ciudadano filipino "a potencias extranjeras".

Por su parte, Human Rights Watch calificó la detención como "un paso clave para la rendición de cuentas en Filipinas" y exigió al Gobierno que colabore con el TPI para garantizar que Duterte enfrente un juicio justo. La ONU también expresó su esperanza de que esta acción ponga fin a años de "impunidad" en Filipinas y subrayó la necesidad de proteger a víctimas y testigos durante el proceso.

Próximos pasos

Según el procedimiento del TPI, Duterte debería permanecer detenido hasta que Filipinas y el tribunal acuerden su extradición a La Haya. Una vez allí, comparecerá ante un juez en una audiencia inicial para confirmar su identidad y ser informado formalmente de los cargos en su contra.

En caso de que el gobierno filipino se niegue a entregar a Duterte, podrían iniciarse negociaciones diplomáticas, aunque Marcos Jr. ya había expresado su disposición a cooperar con el TPI. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Filipinas revisará una petición presentada por el abogado del exmandatario para suspender la orden de arresto, argumentando que Filipinas no está obligada a acatar las decisiones del TPI.

La detención de Rodrigo Duterte representa un punto de inflexión en la política filipina y en la lucha contra los abusos de poder. El desenlace de este caso dependerá de la voluntad del gobierno filipino para hacer cumplir las normas internacionales de justicia y garantizar que los crímenes cometidos no queden impunes.