La Audiencia Provincial de València ha condenado a 10 años y 5 meses de cárcel a Eduardo Zaplana, exministro del PP, por el 'caso Erial'.
El fallo considera que Zaplana es autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil. Además, le impone al expresidente valenciano una inhabilitación especial de ocho años y nueves meses por prevaricación administrativa y una multa de 20,6 millones.
Por el contrario, Zaplana y el resto de acusados han sido absueltos de pertenencia a grupo criminal. El expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas, por su parte, ha quedado absuelto de cualquier delito.
La Sala también ha condenado a otros seis acusados a penas que oscilan entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete del 'expresident', Juan Francisco García, y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló.
Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre ellos figura el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Recurrirá una sentencia "basada en pactos opacos" y "sin evidencias"
Zaplana ha anunciado este martes que recurrirá la sentencia al considerar que está basada "en acuerdos opacos" y "sin evidencias" contra él. En un comunicado difundido a través del despacho de su letrado, Daniel Campos, Zaplana se ha mostrado "decepcionado" por el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia.
"A pesar de todo, sigo confiando en la Justicia y tengo la certeza de que tarde o temprano se reconocerá lo infundado de las acusaciones y, en consecuencia, recurriré a las instancias que sea necesario", anuncia.
Por último, el exministro se congratula por la absolución de quienes cometieron "el único delito" de ser sus amigos o colaboradores y "han tenido que sufrir un acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento".
Cobro de comisiones ilegales
El caso Erial salió a la luz en 2018, cuando se destaparon investigaciones relacionadas con el supuesto cobro de comisiones ilegales en torno a la adjudicación de contratos públicos. El principal implicado era Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar.
La sentencia de la Audiencia de València indica que recibió comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos para la gestión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y parques eólicos en la Comunidad Valenciana durante su mandato como presidente regional, entre los años 1995 y 2002.
Ciudad de la Justicia de Valencia.
La trama desvió grandes sumas de dinero procedentes de estas comisiones a cuentas en el extranjero, con un esquema de blanqueo de capitales. Las investigaciones apuntaban a que Zaplana, junto con otros socios, creó una red de sociedades 'offshore' para ocultar el dinero.