La Audiencia Provincial de València ha condenado a nueve años y 11 meses de cárcel a Eduardo Zaplana, exministro del PP, por el 'caso Erial'.
El fallo considera que Zaplana es autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil. Además, le impone al expresidente valenciano una inhabilitación especial de ocho años y nueves meses por prevaricación administrativa y una multa de 20,6 millones.
Por el contrario, Zaplana y el resto de acusados han sido absueltos de pertenencia a grupo criminal. El expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas, por su parte, ha quedado absuelto de cualquier delito.
La Sala también ha condenado a otros seis acusados a penas que oscilan entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete del 'expresident', Juan Francisco García, y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló.
Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre ellos figura el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Cobro de comisiones ilegales
El caso Erial salió a la luz en 2018, cuando se destaparon investigaciones relacionadas con el supuesto cobro de comisiones ilegales en torno a la adjudicación de contratos públicos. El principal implicado era Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar.
La sentencia de la Audiencia de València indica que recibió comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos para la gestión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y parques eólicos en la Comunidad Valenciana durante su mandato como presidente regional, entre los años 1995 y 2002.
Ciudad de la Justicia de Valencia.
La trama desvió grandes sumas de dinero procedentes de estas comisiones a cuentas en el extranjero, con un esquema de blanqueo de capitales. Las investigaciones apuntaban a que Zaplana, junto con otros socios, creó una red de sociedades 'offshore' para ocultar el dinero.