Educación garantiza que habrá autobuses pero se anuncian recursos ante el TSJPV

Apenas restan 24 horas para el inicio del curso y el conflicto del transporte escolar se halla en un punto clave. El Gobierno Vasco da por “garantizado” que habrá autobús en la vuelta a clase gracias a la orden publicada ayer en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) que obliga a las empresas de transporte a prestar el servicio después de que hayan renunciado a cubrir el 70% de las 484 rutas escolares licitadas por el Departamento de Educación: el 100% de Bizkaia, el 95% de Araba y el 2% de Gipuzkoa.

Por su parte, fuentes del sector consultadas aseguran que, “como no puede ser de otro modo”, acatarán la normativa y realizarán los itinerarios del año pasado, al menos hasta que la justicia resuelva los eventuales recursos contra la Orden de ejecución forzosa dictada por el consejero Jokin Bildarratz para evitar que más de 10.000 estudiantes se queden sin este servicio esencial. Lo contrario sería sinónimo de una sanción administrativa, por no hablar del contratiempo que supondría para miles de familias el primer día de clase.

Cabe recordar que el extraño resultado de la licitación del servicio de transporte escolar para el curso 2023-2024 ha llevado al Departamento de Educación a sospechar que se podría estar produciendo una concertación de los precios entre compañías para obtener un mayor beneficio de la Administración. Es más, el Gabinete que lidera Bildarratz habría detectado “indicios de delito” en la actuación de ciertas empresas que va a remitir a la Fiscalía. Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco aún no han formalizado la anunciada denuncia ante el ministerio fiscal, aunque sí han puesto el caso de este presunto cártel en manos de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), órgano que todavía no se ha pronunciado.

No hay visos de una acción colectiva contra la Orden debido a la heterogeneidad que caracteriza este sector en el que coexisten decenas de grandes compañías de transporte, UTEs y pequeñas empresas familiares. No obstante, ya se anuncian recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la orden por parte de algunas de las compañías disconformes con las condiciones de la licitación del servicio propuestas por el Departamento de Educación. Una de estas operadoras es Autobuses Soleto, propietaria de 23 autocares, que cubre seis rutas escolares.

“A través de nuestros servicios jurídicos vamos a emprender acciones legales contra la orden porque las condiciones económicas ofrecidas por Educación hacen inviable seguir prestando el servicio”, afirma Félix Soleto, gerente de esta SL de transporte público. Más allá de los motivos económicos, este profesional alude a cambios “de ultima hora” dentro del contrato para justificar su renuncia a las rutas. Según revela, Educación habría incluido en su última oferta del 22 de agosto un régimen sancionador que no existía en los anteriores contratos. Además, se obligaría a las empresas a contar en cocheras con un autocar moderno y un chófer listo para atender cualquier contingencia que se pudiera producir en el servicio.

Estas cláusulas no han caído bien dentro de parte del sector, como tampoco lo han hecho las declaraciones efectuadas por el consejero Bildarratz “en las que nos acusa de actuar como un cártel, cuando no es cierto que hayamos pactado precios entre nosotras. El consejero deberá probar sus palabras”, dice Soleto. Llegados a este punto, lo único cierto es que aún no se ha presentado recurso alguno ante el TSJPV, ni se ha solicitado la interposición de medidas cautelares contra la orden aprobada por el Gobierno Vasco. Por tanto, y si no se producen cambios a lo largo de las próximas horas, mañana habrá autobús escolar. Eso sí, no se sabe qué pasará en adelante y menos en el contexto de una relación (Administración-sector del transporte) que los últimos años se ha caracterizado por una elevada litigiosidad.

Elevada litigiosidad

Como consecuencia de este profundo desencuentro, Educación y las empresas alcanzaron un acuerdo la víspera misma del primer día de clase del año pasado por el que se garantizó la continuidad en la prestación del servicio el curso 2022-2023 por parte de los anteriores adjudicatarios, tras un incremento del 24,1% del precio del itinerario adicional a la subida del 7% acordada en 2021. Este año Educación ha puesto en marcha tres nuevos expedientes de contratación de las 487 rutas escolares, uno por cada territorio histórico: 140 rutas en Araba, 145 en Gipuzkoa y 199 en Bizkaia. Se han presentado seis recursos contra este proceso ante el Órgano de Recursos Contractuales (OARC) y se han desestimado todos ellos.

En relación a estos recursos hay varios aspectos que dan pistas sobre un eventual pronunciamiento de la justicia ordinaria. Ante las alegaciones realizadas por algunos de los recurrentes respecto a la idoneidad del presupuesto base de licitación o la falta de ajuste a la actual realidad de las empresas de transporte o a la situación económica, el Órgano de Recursos Contractuales entendió que se trataban de alegaciones genéricas, sin fundamento, procediendo a la desestimación de las mismas, al entender que el recurso no contenía cálculos concretos que acreditaran y cuantificaran la incorrección de dicho presupuesto base de licitación. Dicha situación se repitió también en años precedentes, en los que, ante análogas alegaciones planteadas en distintos recursos, por las que se sostenía el no ajuste del Presupuesto Base de Licitación a la realidad del mercado, el Órgano de Recursos Contractuales desestimó una a una.

Sobre dichas bases, el OARC llegó incluso a declarar la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, al apreciar, en términos literales “claros indicios de intención de dilatar el procedimiento de adjudicación del contrato” por parte de los recurrentes. Y en tercer lugar, a pesar de resultar desestimados dichos recursos, ninguno de los recurrentes ha optado por acudir a la vía contencioso-administrativa. Contra la orden se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante Bildarratz a partir hoy o un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV en el plazo de dos meses.