Educación marca la hoja de ruta para publificar los colegios concertados vascos

Uno de los ejes del Pacto Educativo es la escolarización equilibrada en igualdad de condiciones de todo el alumnado, garantizando la gratuidad real de la enseñanza. Para lograrlo se quieren eliminar las cuotas que cobran los centros concertados que integren el Servicio Vasco de Educación, el cambio de paradigma que introducirá la Ley vasca de Educación. Pero tal y como avanzó el consejero de Educación, Jokin Bildarratz en Onda Vasca, la gratuidad real en la red concertada "no se consigue de un día para otro. Tiene que ser un proceso en el que nadie se ahogue".

Con la crisis de natalidad como telón de fondo, Educación está trabajando en un nuevo marco de planificación y concertación para asegurar la gratuidad en aquellos centros concertados que se comprometan a cumplir unas normas que impidan la segregación del alumnado vulnerable como migrantes, que tenga un índice socioeconómico bajo o necesidades educativas especiales. Además, las actividades complementarias y los servicios escolares por los que estos centros suelen cobrar a las familias estarán regulados para garantizar su carácter no lucrativo, igual que las ayudas para que quienes tengan una situación económica desfavorecida puedan acceder a ellos.

La pregunta es, ¿cómo se va a hacer? El consejero Bildarratz ha presentado en el Parlamento Vasco los pormenores y la secuenciación de la estrategia que permitirá la "publificación" de centros concertados y que estará lista para "octubre del 2022". "Tenemos que reformular un nuevo marco de servicio público para dejar claro qué derechos y deberes tienen los centros que quieren ofrecer un servicio educativo, pero con las exigencias que impone ese carácter público", dijo Bildarratz. Dentro de las negociaciones llevadas a cabo con la red privada de cara a la concertación para el próximo sexenio, Educación ha planteado una propuesta para abordar la segregación escolar, "respetando la coexistencia entre ambas redes, pero apostando por un espacio de elección razonable para las familias".

interés social

El primer paso que se llevará a cabo será reformular las características de funcionamiento público que, basadas en términos de interés social, deberán cumplir los centros que se integren en el Servicio Vasco de Educación. Educación diseñará una herramienta que permita realizar el proceso "con rigor y coherencia".

Este nuevo marco posibilitará que los colegios que cumplan los requisitos de admisión del alumnado vulnerable obtengan un reconocimiento de "interés social" para que puedan alcanzar una "financiación análoga" a la de los centros de la red pública. Por supuesto, puntualizó Bildarratz, "dentro de las posibilidades que se dispongan en el presupuesto.

Esta iniciativa se desplegará en diferentes ciclos dentro del nuevo marco de planificación, concertación y financiación". Este nuevo marco se proyecta para el próximo sexenio, divido en dos trienios de planificación con bajo condición de responder a la escolarización equilibrada de alumnado vulnerable.

A pesar de que estos procesos son delicados, el consejero ha asegurado que "no debemos desaprovechar las oportunidades de acelerar el proceso donde se den las circunstancias favorables para ello y mejor si se hacen de manera consensuada".

De este modo, en aquellos centros que apliquen los criterios de servicio público para el curso 2022-2023 "se implementarán las primeras medidas y se actualizarán los costos para poder emprender el camino hacia la gratuidad". El resto de las medidas, como los contratos programa, se aplicarán de forma progresiva.

ASEGURAR LA GRATUIDAD

La financiación análoga a la pública llevará aparejada una serie de deberes, entre ellos, la prohibición del cobro de cuotas. En este sentido, Bildarratz avanzó que la primera acción que van a llevar a cabo será calcular el coste de una plaza escolar, "de manera que podamos abordar de manera progresiva una gratuidad efectiva de la enseñanza y por supuesto se activarán los mecanismos de control necesarios para que la gratuidad de la enseñanza sea observada y quede erradicada toda práctica abierta o encubierta de cobro de cuotas por enseñanza".

La Administración vasca aprobará los cobros que los centros van a realizar por actividades complementarias o de servicios y publicarlos en el BOPV al menos una vez al año "en aras a garantizar la debida transparencia".

En esta misma línea se va a desarrollar la normativa para que estos centros se sujeten a las auditorías y a las normas de transparencia contable que permitan asegurar el carácter finalista en el empleo del dinero público y la unificación de criterios, también auditables, entre todos los centros del Servicio Vasco de Educación en la afluencia de otras fuentes de financiación.

La normativa contemplará la creación de la unidad administrativa que se determine para realizar las tareas de auditoria económica. Esta acción se prevé se ponga en marcha para el último cuatrimestre del 2022.