Educación publica la orden que obliga a empresas de transporte escolar a operar rutas no licitadas

El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este martes la orden que obliga a las empresas que el anterior curso educativo operaban las líneas de transporte escolar de centros públicos y que este año han quedado desiertas a prestar estos servicios en el curso 2023-2024.

La orden tiene efectos desde este mismo martes, por lo que se garantiza que el próximo jueves, cuando comienza el curso en las etapas educativas no universitarias, todos los alumnos podrán hacer uso del transporte escolar para acudir a los centros.

Este requerimiento, que será de obligado cumplimiento para las operadoras de transporte escolar afectadas, fue anunciado el pasado viernes en una comparecencia urgente en Vitoria por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, quien justificó la medida para garantizar este servicio público.

El consejero desveló que se habían detectado prácticas "sospechosas" y probablemente "ilícitas" entre algunas de estas empresas para no presentarse a los concursos con el fin de obtener beneficios económicos por lo que el Departamento de Educación ha remitido toda la información de la que dispone a la Autoridad Vasca de la Competencia y lo hará ante la Fiscalía ante los "indicios de delito" de estas prácticas.

Únicamente el 31 % de las rutas están licitadas, aunque hay notables diferencias entre territorios. En Gipuzkoa prácticamente todas (98 %) están cubiertas, porcentaje que desciende al 5 % en Araba, mientras que en Bizkaia no se ha licitado ninguna.

10.000 alumnos afectados

Las rutas que quedaron desiertas afectan a más de 10.000 alumnos que podían quedarse sin transporte escolar, según se recoge en la orden.

Así, a partir de este martes, el Gobierno vasco ordena a las compañías y Uniones Temporales de Empresas que identifica en la orden que presten el servicio de transporte escolar en las rutas que hacían el curso anterior "hasta en el momento en el que pueda comenzar a ejecutarse un nuevo contrato que incluya dichos servicios".

Se les abonará el coste real del servicio, además de un beneficio industrial del 6 % como establece la legislación vigente.

Contra esta orden se puede interponer un recurso ante el consejero de Educación en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un período máximo de dos meses.