El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a su ministro de Planificación, Julio de Vido, por beneficiarse de varias tramas de corrupción, una medida que les impide entrar al país.
"Cristina Fernández de Kirchner y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al Gobierno argentino", ha señalado en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.
Las sanciones, ha recalcado, "reafirman" el compromiso de Washington de "combatir la corrupción global, incluyendo en las más altas esferas del gobierno". "Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio", ha agregado.
El presidente argentino, Javier Milei, ha reaccionado poco después a las sanciones contra la exmandataria y su ministro. "Che Cristina", ha dicho de forma irónica en la red social X, donde ha adjuntado el comunicado del Departamento de Estado en su versión en español.
Un tribunal argentino condenó a la expresidenta en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito relacionado con la corrupción en el marco de la conocida como 'causa Vialidad'.
Fernández fue acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007).
Por su parte, el antiguo titular de Planificación fue acusado de malversar dinero público que entre 2005 a 2015 se destinó a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para la modernización del complejo minero de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.
De Vido, que también fue titular de Economía durante el mandato de Néstor Kirchner, fue condenado en octubre de 2018 a cinco años y ochos meses de prisión por un delito de administración fraudulenta en el marco de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y 789 resultaron heridas.