La Fundación Egiari Zor ha advertido de que el concepto de convivencia democrática exige, además de "superar las consecuencias de la confrontación armada y garantizar todos los derechos de todas las personas", también "abordar las causas de un conflicto de naturaleza política que continua vigente", porque "una sociedad que aspira a desarrollarse sobre unos parámetros de convivencia democrática debe ejercer el derecho a decidir libre y democráticamente su presente y su futuro".
Egiari Zor ha desarrollado este domingo una ofrenda floral en Bilbao en recuerdo de Santi Brouard y Josu Muguruza, dirigentes de Herri Batasuna, asesinados el primero de ellos por los GAL el 20 de noviembre de 1984, y el segundo en 1989 por dos terroristas de extrema derecha.
Al acto, celebrado ante las esculturas que recuerda a Brouard, en el parque Ametzola, y a Muguruza, en la Plaza Rekalde, han asistido familiares de los homenajeados y dirigentes políticos como las portavoces de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Madalen Iriarte, y en el Ayuntamiento de Bilbao, Jone Goirizelaia, y dirigentes históricos de la izquierda abertzale, entre ellos Tasio Erkizia.
En un comunicado leído por Pilar Garaialde --hija de Paulo Garaialde, asesinado por la Triple A--, Egiari Zor han recordado que "pronto se cumplirá medio siglo de aquellas primeras acciones de grupos armados vinculados al Estado, predecesores de los GAL y que dejaron un largo reguero de dolor, sufrimiento e impunidad en las calles de Euskal Herria".
La Fundación ha considerado "sorprendente" que, tras escuchar tantas veces "el dogma de que combatieron la violencia con los instrumentos del Estado de Derecho", ahora, el exministro del Interior José Barrionuevo "reconozca abiertamente que utilizaron la guerra sucia, aunque nadie se dé por aludido".
A su juicio, "lo más perverso de las declaraciones de personajes como Barrionuevo es que no las realizan desde una perspectiva de reparación moral hacia sus víctimas o con intención de arrojar luz sobre hechos oscuros", sino que lo hacen para "reafirmarse en el convencimiento de que hicieron lo que tenían que hacer, y lo hicieron porque podían".
En ese sentido, ha denunciado las "permanentes exigencias de autocrítica en una única dirección" y que "a los responsables de nuestro sufrimiento nadie les dirige exigencias éticas, ni de ningún tipo".
Por eso, ha asegurado que, aunque son "bienvenidas" y agradecen las reacciones de rechazado a las declaraciones de Barrionuevo realizadas por "una amplía mayoría política en Euskal Herria", son "insuficientes" porque "las condenas realizadas de forma genérica, como si Barrionuevo no hubiese formado parte de un Ejecutivo y de un partido son una forma de eximir de responsabilidad política a quien la tiene".
Asimismo, han considerado que el rechazo a lo que significaron los GAL, "como si estos hubiesen aparecido por generación espontánea, es hoy un burdo intento de tomarnos el pelo" porque es "la manera de no tener que asumir responsabilidad política alguna".
Tras asegurar que "no ha habido jamás interés por llegar a la verdad" sobre los GAL y lamentar que el blindaje de la Ley de Secretos Oficiales "parece que seguirá todavía por muchos años", desde la Fundación han trasladado su sensación de que "la injusticia española es también responsable de la tragedia humana vivida".
En ese sentido, han considerado necesaria una "reflexión general sobre el modelo de justicia, de un desequilibrio absoluto, aplicado al contexto del conflicto".
"Abogamos por un modelo de justicia que nos tenga en cuenta y que de respuesta a los derechos de las víctimas, pero que, a su vez, sea capaz de responder a la necesidad de llegar a un escenario de convivencia que supere las consecuencias generadas durante décadas de violencia", han abogado.
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
A su entender, la realidad actual "no es la que busca construir un marco integral de convivencia democrática, sino la que intenta imponer un marco convivencia basado en el esquema de vencedores y vencidos, legitimando la violencia del Estado y reforzando la impunidad de sus responsables".
En su opinión, el concepto de convivencia democrática "exige superar las consecuencias de la confrontación armada y garantizar todos los derechos de todas las personas", pero también "abordar las causas de un conflicto de naturaleza política que continua vigente". "Porque una sociedad que aspira a desarrollarse sobre unos parámetros de convivencia democrática, debe necesariamente, poder ejercer el derecho a decidir libre y democráticamente su presente y su futuro", han defendido.
Tras afirmar que la "credibilidad democrática debería estar por encima de viejas idolatrías de antiguas auras que hoy se tornan vergonzosas", Egiari Zor ha subrayado que "esa credibilidad exige asumir y reconocer, de una vez por todas, las responsabilidades políticas de transgredir la legalidad democrática, vulnerando derechos humanos con objeto de combatir un proyecto político legítimo al amparo de una supuesta estrategia de lucha contra ETA".
En ese sentido, han reprochado que "ningún partido político, ningún gobierno, ni ninguna institución del Estado ha dirigido aún una declaración de reconocimiento del daño causado a las víctimas del Estado", pero "ha llegado el momento de hacerlo". Por ello, han reiterado su demanda al Gobierno central a que "realice una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades y de reconocimiento del daño causado".