El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha acusado a Navarra Suma de "usar servicios y recursos municipales del Ayuntamiento, pagados con dinero público y sujetos al deber de imparcialidad, para realizar trabajos e informes propios del partido que luego utiliza en otras instituciones".
Asiron, que ha comparecido en rueda de prensa junto con los concejales de la coalición Garbiñe Bueno y Endika Alonso, ha considerado que son unos "hechos muy graves" que deberían "tener consecuencias inmediatas". Así, ha exigido la "dimisión o cese inmediatos" del concejal de Urbanismo, Juan José Echeverría, y del jefe de Servicios Jurídicos del Consistorio, Gonzalo Pérez Remondegui. Igualmente, ha pedido que el alcalde, Enrique Maya, dé una explicación "urgente" de si conocía o no estas prácticas y si las ha permitido. En caso de que sea así, ha remarcado, "pediríamos su inmediata dimisión".
Asiron ha afirmado que, según un peritaje informático encargado por la coalición al Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Navarra, el jefe de los Servicios Jurídicos realizó "en horario laboral" un informe, entre el 21 y 28 de marzo, con las alegaciones que NA+ presentó "contra el proyecto de Centro Ambiental de la Comarca impulsado por la Mancomunidad", ante el que la coalición formada por UPN, PPN y Cs "se oponen de forma furibunda". Un documento que el concejal Juan José Echeverría "presentó como si fuera propio" en la asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
El portavoz EH Bildu ha reclamado, además, la apertura de una comisión informativa que "aclare cuántos trabajos como éste ha realizado Pérez Remondegui".
Para Joseba Asiron, "resulta muy difícil creer que el alcalde no esté al tanto de este tipo de prácticas irregulares cuando llevamos tres años denunciándolas". Así, ha mencionado casos como "las dietas de Comiruña, la grúa de Labairu, los contratos de Coworkids, los tratos de favor con la Hípica o los contratos al despacho de Caballero", que, según ha afirmado, "constatan que las prácticas del régimen de Barcina las ha heredado Maya y que la derecha sigue entendiendo las instituciones como si fueran su cortijo particular".
El representante municipal ha considerado que "no ha sido la primera vez" y ha destacado que "no estamos hablando de un puesto de libre designación cualquiera, hablamos de un puesto sujeto a una limitación muy importante tan solo reservada a unos pocos cargos clave como el secretario municipal, el letrado de la Junta de Gobierno o el responsable de la oficina de presupuestos: todos deben ser funcionarios". Y ello es porque "están obligados a los deberes del código ético y, en especial, a los de imparcialidad, independencia y lealtad institucional".
"Es obvio que elaborar informes para un grupo político y hacerlo además para que los presente como propios en otra institución vulnera claramente las atribuciones del cargo por el que cobra ese sueldo", ha concluido.
Asimismo, ha afirmado que con Pérez Remondegui, "llueve sobre mojado" y ha señalado que es "la misma persona que, como responsable de los Servicios Jurídicos municipales, decidió externalizar tres contratos de asesoramiento del Ayuntamiento para otorgarlos, a dedo y sin pedir más ofertas, al despacho del hermano de la concejala de Na+ María Caballero". "Y justificó esta irregularidad argumentando que el servicio que dirige no contaba con recursos humanos suficientes", ha criticado. "Ante la falta de personal él, en vez de dedicarse a hacer esos informes, se dedica a actuar como asesor de Navarra Suma mientras externaliza encargos que a él le corresponderían para darlos a dedo al despacho del hermano de una concejala", ha reprochado.
Además, ha indicado que "Pérez Remondegui es, en realidad, letrado funcionario de la Mancomunidad, es decir, se habría aprovechado del conocimiento que como trabajador tiene de esa institución para asesorar jurídicamente al partido que le encumbra en este Ayuntamiento pero que allí está en la oposición y lo hace, de nuevo, saltándose la obligación de imparcialidad, independencia y lealtad institucional".
En el caso del titular de Urbanismo, Juan José Echeverría, Asiron ha afirmado que "es obvio que un concejal debería distinguir entre la institución y el partido, y no aprovecharse de su condición para, según se deduce, encargar un informe a un cargo del Ayuntamiento al que pagamos entre todos y todas y que está sujeto a las especificaciones descritas".