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Tras el anuncio de que, finalmente, Elkarrekin Podemos apoyará la reforma fiscal esbozada por PNV y PSE, la coalición soberanista califica de “atajo” el acuerdo alcanzado entre las formaciones.
El responsable de política institucional de EH Bildu ha valorado el pacto anunciado este jueves al que se ha referido como “un atajo”. “Se ha cogido un atajo, el camino más fácil. El más corto”, ha aseverado Unai Urruzuno quien, a su vez, ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de abordar el debate para una revisión fiscal “en profundidad”. A su juicio, los puntos recogidos en el acuerdo no darán respuesta a un contexto económico que no estará exento de “dificultades”, por lo que ha desdeñado el acuerdo al considerarlo exclusivamente “un listado de deducciones”.
Elkarrekin Podemos
Urruzuno también ha centrado buena parte de su crítica sobre Elkarrekin Podemos por entender que avala una revisión fiscal para el conjunto de la CAV que “no cambia nada”. “Quienes acusaban al PNV de rescatar a los poderosos, son los que deciden rescatar hoy una norma que no cambia nada”, ha arremetido.
Además, desde EH Bildu se han dirigido a PNV, PSE y Elkarrekin Podemos para plantearles cómo han quedado recogidas dos cuestiones “nucleares” en el debate fiscal: la manera en que prevén garantizar la calidad de los servicios públicos y el modelo social, económico y de competitividad que se promueve con la reforma pactada. Por último, Urruzuno se ha mostrado sorprendido por que la formación morada no vaya a realizar una consulta a sus bases. “Si tan bueno es este acuerdo para la ciudadanía vasca, no entendemos esta renuncia”, ha concluido. No obstante, desde Elkarrekin Podemos defienden que el preacuerdo suscrito beneficiará a 1.038.841 personas, casi la mitad de la población de la CAV, al haber conseguido incluir modificaciones para gravar a las rentas más altas y a las grandes empresas. La formación también ha destacado, además, que la reforma fiscal establece bonificaciones por alquiler de vivienda para rentas inferiores a 20.000 euros y la limitación de las deducciones por vivienda a 68.000 euros.