El Gobierno ha salvado la ley de Memoria Democrática en el Congreso tras pactar varias enmiendas con EH Bildu, como la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas, y sin que sea necesario el apoyo de ERC, que se ha abstenido al votar este martes el texto en ponencia.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha anunciado en rueda de prensa que han llegado a un acuerdo con el Gobierno que además aumenta de 1978 a finales de 1983 el límite de aplicación temporal de la ley, aprobada en Consejo de Ministros en julio de 2021 y cuya tramitación parlamentaria ha sido reactivada recientemente.
"Es un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978", ha declarado.
El apoyo explícito de EH Bildu a la ley de Memoria Democrática garantiza su aprobación en el pleno por mayoría simple, ya que también están a favor otros socios parlamentarios del Gobierno como PNV, Más País o Compromís, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos mantienen su rechazo.
La postura final que adopte ERC no variará el resultado, pero por el momento este grupo ha optado por la abstención al votar este martes el texto de la ponencia para "facilitar que la negociación siga en comisión" y no ha pactado aún ninguna enmienda, según han señalado a Efe fuentes parlamentarias.
Tras la ponencia de este martes, que ha debatido y votado enmiendas parciales, tendrá lugar la reunión de la comisión encargada de aprobar el dictamen el lunes 4 de julio que, a su vez, será sometido a votación en un pleno extraordinario previsiblemente la semana del 11 de julio, a falta de concretar el día.
Fuentes de Unidas Podemos han destacado que en la ponencia han salido adelante el grueso de las enmiendas pactadas con sus socios de Gobierno del PSOE, entre ellas la aplicación del derecho internacional para permitir investigar y juzgar los crímenes del franquismo, más allá de la ley de amnistía de 1977.
En el caso de EH Bildu, entre las enmiendas pactadas con el Gobierno destaca la "declaración de ilegalidad e ilegitimidad" de los tribunales franquistas constituidos a partir de 1936 y "la nulidad de sus resoluciones", así como la extensión del liÌ_mite temporal de aplicacioÌ_n de la ley hasta finales de 1983.
Por otro lado, el acuerdo alcanzado con EH Bildu contempla la constitución de una comisioÌ_n independiente para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepcioón de testimonios, información y recopilación de documentos".
Y otras dos medidas que la portavoz de EH Bildu considera especialmente simbólicas, como el compromiso del Gobierno para adecuar como lugar de memoria el fuerte de San Cristóbal en Pamplona, usado como "cárcel franquista para presos políticos", y la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de la Cumbre, donde "torturaron" en 1983 a los miembros de ETA Lasa y Zabala.
"Son medidas que tendrán reflejo en una ley más completa, ambiciosa y respetuosa con los derechos humanos", ha señalado Aizpurua.
Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha desvelado en rueda de prensa que han pactado varias enmiendas con el Gobierno de la ley relacionadas con el callejero y con la consulta de documentos del patrimonio documental español para evitar el "tapón" que ejerce en la actualidad la ley del Patrimonio Histórico.
En el caso de PdeCAT, su portavoz en el Congreso, Ferran Bel, ha destacado que el texto de la ley ha incorporado enmiendas que considera "avances", como el reconocimiento de víctimas de "las comunidades lenguas y culturas catalana y vasca, cuyos hablantes fueron perseguidos".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha dicho que confían en seguir "avanzando, hablando y dialogando" con los grupos parlamentarios estos días hasta la celebración de la comisión para "tener la ley más completa posible y que cuente con el mayor número de apoyos".
Pero ha pedido ser "prudentes" con la redacción final del texto, ya que está pendiente la celebración de la comisión donde volverán a votarse enmiendas.