EH Bildu ha oficializado este martes su sexto acuerdo presupuestario consecutivo con el Gobierno de Nafarroa liderado por la socialista María Chivite. El acuerdo se ha firmado esta tarde, se recoge en un documento de 28 páginas, y faculta a EH Bildu a que se le aprueben enmiendas por un valor de 4,42 millones de euros (la misma cantidad que en las Cuentas de 2024) sobre un proyecto de 6.431 millones. En un cálculo frío, el porcentaje de influencia de EH Bildu se limitaría al 0,06%, pero la coalición da valor a los compromisos políticos alcanzados al margen de las cifras. La medida que destaca en este acuerdo es la mejora de las pensiones más bajas mediante deducciones fiscales en el IRPF, lo que garantizará una pensión mínima de 1.035 al mes o, como se menciona en el acuerdo, 14.490 euros al año en 14 pagas. El coste estimado es de 10 millones.
El acuerdo, que supone la abstención de EH Bildu, incluye otras medidas sobre el euskera o las infraestructuras y otras cuestiones, algunas más genéricas que otras, como mejorar la financiación de la educación infantil de 0 a 3 años, con un incremento de 350.000 euros; “profundizar en la estrategia de reducción de las listas de espera en atención especializada mediante un abordaje integral y multicausal que garantice a las personas ser atendidas en tiempo y forma adecuado”, un estudio para analizar la derivación de pacientes a la sanidad privada y analizar medidas para reducirlas al 5% anual, garantizar la participación de los ayuntamientos en el plan de zonas tensionadas de vivienda o respetar su autonomía, y continuar trabajando en el programa del censo de viviendas vacías “a fin de que posteriormente se posibilite implantar medidas que impulse habitarlas”.
Defensa de la Policía foral
Uno de los compromisos puede llamar la atención tras el reciente debate en el Parlamento Vasco, donde EH Bildu se abstuvo ante la petición de que la Ertzaintza alcance los 8.000 agentes pactados en la Junta de Seguridad. Creía que no había por qué alcanzar ese tope. En el acuerdo en Nafarroa, se establece que “en sesión celebrada el 30 de junio de 2009 por la Junta de Seguridad de Navarra se acordó que la Policía Foral asumiría progresivamente las funciones que tiene encomendadas por el ordenamiento vigente en la medida que el incremento de sus recursos lo haga posible”, y “las partes se comprometen a desarrollar las iniciativas precisas que permitan a la Policía Foral disponer del número de efectivos que sean necesarios para convertirse en una policía integral y de referencia en Navarra”. “Por ello, el Gobierno se compromete a plantear al Estado un acuerdo político sobre este tema para que su materialización se lleve a afecto en el órgano bilateral competente, la Junta de Seguridad, tal como se ha hecho con otras comunidades autónomas”. Antes del 30 de marzo, se constituirá el Comité de Buenas Prácticas y Transparencia de las Policías de Navarra.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Nafarroa, Jose Luis Arasti, aseguró que “ha primado el esfuerzo” para remar en la misma dirección. La portavoz de Bildu, Laura Aznal, celebró la “colaboración estabilizada”.
En la comunidad autónoma vasca, la reforma de la RGI aprobada por el Gobierno de Urkullu la legislatura pasada estimaba que la pensión mínima sería de unos 1.030 euros (la pensión la paga el Estado, pero las comunidades pueden complementarla con ayudas como la RGI, aunque los colectivos de pensionistas dicen que en ese caso son solo 12 pagas de RGI y no 14).