El Gobierno de Imanol Pradales afronta esta semana su segunda ronda de reuniones con los grupos de la oposición para negociar los primeros Presupuestos de la legislatura, una tanda que se espera que sea más clarificadora y vaya decantando las posiciones. Los partidos tienen previsto mantener un nuevo encuentro con el consejero D’Anjou este miércoles, una ronda que, en principio, volvería a contar con la presencia de EH Bildu, PP y Sumar, aunque este último grupo ha alejado la posibilidad de un acuerdo con el Ejecutivo. PNV y PSE cuentan con una mayoría absoluta suficiente para aprobar las Cuentas de 2025 por sus propios medios, pero el Ejecutivo ha manifestado en público que su intención es tratar de ampliar el consenso. Si el PP ya había revelado que su propuesta asciende a 177 millones y se centra en Salud y Seguridad, la propuesta de EH Bildu, facilitada desde el grupo parlamentario a este periódico, duplica esta cantidad y supera los 350 millones. Esos millones son el importe “aproximado” que la coalición abertzale calcula que sería necesario para la compra mediante tanteo y retracto por parte de la administración pública de “toda la vivienda” de protección oficial que se convierta en libre en 2025 para que sea destinada al alquiler social y no quede en manos del mercado. EH Bildu calcula 2.342 viviendas. Es la principal medida que aparece en su propuesta, además de una reforma fiscal, que PNV y PSE no han canalizado por la vía de estos Presupuestos sino que se ha puesto en marcha por el carril de las Juntas Generales de los tres territorios, las instituciones competentes.
Después de que Pello Otxandiano prometiera dejar a Osakidetza fuera del debate presupuestario, el documento no incluye medidas sobre la atención sanitaria. Pero es en materia de vivienda donde EH Bildu ha afilado la punta del lápiz con sus exigencias. Pide aplicar “en tres meses” la Ley estatal de Vivienda para que el Gobierno vasco desarrolle su propio índice de precios para regular el alquiler, la compra de todas las VPO que vayan a salir al mercado libre el año que viene, la creación en tres meses de una línea de ayudas de 5 millones de euros para que los ayuntamientos puedan aplicar el decreto de vivienda vacía, aplicar un impuesto a esos pisos desocupados que pertenezcan a grandes propietarios y fondos de inversión para que se destinen al alquiler protegido, y cambiar la Ley del Turismo para que la vivienda solo sea de uso residencial, lo que supone dejar en el alero los pisos turísticos.
Se mantienen, en paralelo, reivindicaciones que ya son clásicas, como que el Gobierno de Pradales convoque en los dos primeros meses del año que viene una mesa de negociación con las organizaciones empresariales y sindicales para fijar un salario mínimo vasco, y solicita eliminar el ánimo de lucro en la prestación de los cuidados. Pero también introduce el debate fiscal, lo que a priori rompe el esquema que habían previsto PNV y PSE. Exige una revisión “integral” del Impuesto de Sociedades a las empresas, establecer el impuesto a las grandes fortunas y una “aproximación sustancial de la fiscalidad del capital a la del trabajo” en el IRPF.
El kilo presupuestario
El lehendakari Pradales había pedido a EH Bildu que se mostrara tan proclive al acuerdo en la comunidad autónoma vasca como lo hace en Nafarroa, y dejó caer que en los próximos días se vería si pone el mismo precio a su “kilo presupuestario” en los dos ámbitos administrativos. En ese sentido, los 350 millones para la compra de VPO representan por sí solos un 2,25% de los 15.728 millones que recoge el proyecto de Presupuestos de la CAV para 2025, una cantidad superior al 0,06% que acaba de pactar EH Bildu en Nafarroa y que viene representado por los 4,42 millones en enmiendas acordados con el Gobierno de Chivite. No obstante, en ese caso, EH Bildu puso el foco en los compromisos políticos pactados más allá de esa cifra en Nafarroa y la mejora de las pensiones más bajas mediante deducciones fiscales en el IRPF.
Es habitual que el Gobierno vasco remita a la oposición a la sección 99, que es donde aparece la bolsa de dinero que tiene como colchón para hacer cesiones a los grupos, es decir, es el dinero que está dispuesto a ceder en enmiendas. Pero esta vez no se ha puesto el foco ahí desde el Gobierno, lo que parece deslizar que no habrá solo una oferta económica, sino política. Está por ver si ese planteamiento permite acercar posiciones superando la dialéctica de los 350 millones, una cantidad sobre la que, a finales de 2023, no fue posible alcanzar un acuerdo con EH Bildu.
¿Habrá debate fiscal? En principio, discurre en otro ámbito, en las Juntas Generales. EH Bildu lleva semanas pidiendo un acuerdo global presupuestario en el Parlamento Vasco y las Juntas, y también sobre la fiscalidad, para visualizar el empate a 27 escaños que mantiene con el PNV en el Parlamento de la comunidad autónoma. Son unos escaños que, no obstante, no le permiten tener en el Parlamento una influencia decisiva, ya que PNV y PSE suman una mayoría absoluta; pero en las Juntas de Araba y Gipuzkoa los socios están en minoría, de ahí que la insistencia de Bildu con el pacto global y fiscal se haya interpretado como un intento de ganar por esa vía la capacidad de decisión que le falta en la Cámara vasca. Sin embargo, EH Bildu no es el único socio posible en las Juntas Generales, ya que el PP o Elkarrekin Podemos también tendrían los escaños necesarios.
Sobre Elkarrekin Podemos, en materia de Presupuestos, el diputado general de Araba, Ramiro González, avanza ya que puede haber opciones de diálogo. Fuentes de este partido consultadas por este periódico ponen el foco en la fiscalidad y en la vivienda para fomentar la salida de pisos al mercado de alquiler público y asequible. Sobre la reforma fiscal, presentarán una propuesta conjunta en las tres Juntas para que sea armonizada.
Pello Otxandiano, por su parte, pareció alejar este lunes el acuerdo fiscal con PNV y PSE, ya que catalogó su propuesta como un compendio de “deducciones fiscales”.
Sumar se aleja del acuerdo presupuestario
De los Presupuestos vascos se ha alejado ya el parlamentario de Sumar, Jon Hernández. Este lunes avanzó en Radio Euskadi que no ve “gran margen” para un acuerdo con el Gobierno, y le pide 200 millones en sanidad y 100 millones en vivienda. El 10 de diciembre tendrá lugar la votación de las enmiendas a la totalidad, y el 20, la aprobación final de las Cuentas.