La Ley de Vivienda se perfila como uno de los argumentos por excelencia en la campaña de las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, al menos por parte de EH Bildu y Podemos. El acuerdo entre el Gobierno español, EH Bildu y ERC da una baza electoral a los firmantes para presentarse como los garantes de que los alquileres frenen su escalada, ya sea en el gobierno o en la oposición, y presionan al Ejecutivo vasco para que declare ya zonas tensionadas.
A la espera de que el PNV se posicione este lunes de manera más expresa sobre la ley, en realidad el Gobierno vasco de coalición entre jeltzales y socialistas ha compartido que acceder a una casa es un problema, y ha reivindicado su propia Ley de Vivienda, aprobada en su momento sin el concurso del PNV pero que ahora defiende y asume por igual. Aunque Euskadi se ha inclinado por actuar sobre la fiscalidad (el propio PSE, que gestiona Vivienda, ha solicitado a las diputaciones nuevas actuaciones que favorezcan el alquiler), el acuerdo sobre las Cuentas de 2022 entre el Gobierno vasco y EH Bildu contemplaba fijar límites al alquiler cuando el marco estatal lo permitiera. Por ello, el PNV defendió durante la tramitación de la ley estatal que se habilitara una percha mínima para permitir a las comunidades actuar en ese sentido, sin invadir competencias.
Zona tensionada
EH Bildu y Podemos tratan de acelerar una toma de posición pública en puertas de las elecciones. La portavoz de la coalición abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha puesto en valor este domingo en Donostia que el tope a los alquileres será menor al IPC (este año, un 2%; el próximo, un 3%; y en 2025 se diseñará un índice que no podrá superar el IPC), y que la ley “imposibilita los desahucios tal y como están concebidos hasta ahora y da alternativas a quienes no pueden tener una vivienda”.
Aunque admitió que la ley “no soluciona todo”, sí cree que alivia y abre camino. Recordó que el 30% de la renta es el dinero reconocido como tope para dedicar a la vivienda, y que los vascos “destinan más del 30%, de media más de 700 euros al mes, y en Donostia, casi 1.000 euros al mes”. Tras el acuerdo sobre la ley, Oskar Matute fue más allá y dio por hecho que “todo el País Vasco” debería ser zona tensionada por esta media del 30%. Supondría dar por sentado que se actuará por comunidades, y no desde los ayuntamientos o por zonas. Después, sí matizó que se podría actuar por “distritos censales”. Otros ámbitos matizan que, de todos modos, restando los beneficios fiscales que aplica Euskadi y no el Estado, el 30,26% baja al 26,7%. Aunque cumplan los requisitos, las comunidades pueden decidir si declaran o no las zonas tensionadas.
La coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha dicho este domingo, por su parte, que “el oasis vasco” no existe, que lo público se desmantela, y que es necesario que “el Gobierno vasco, el PNV con la muletilla del PSE, se pongan las pilas y empiecen a preparar cómo van a declarar zonas tensionadas todo Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda a precios accesibles”. “Pónganse a trabajar porque ya van tarde”, lanzó.