Con el 28-M a las puertas, no queda mucho curso parlamentario. ¿Qué valoración hace de los últimos meses en la Cámara?
—Yo no doy por cerrado este curso parlamentario. De hecho, todavía tenemos que sacar adelante un buen número de proyectos. Este tercer año de legislatura está siendo intenso, interesante y además está permitiendo aprobar un buen número de leyes que van directamente a dar soluciones a los ciudadanos. Aprobamos la ley de la RGI en este último año, que yo creo que es un hito muy importante. Y quedan por delante retos como pueden ser la Ley del Servicio Vasco de Empleo, que esta semana se ha presentado en esta misma Cámara; o la Ley de Educación.
No pasan ustedes apuros con la mayoría absoluta PNV-PSE, pero se han visto menos acuerdos con la oposición en los últimos tiempos. Los últimos Presupuestos son ejemplo de ello.
—Es verdad que en los Presupuestos no hubo esa posibilidad y ahí cada cual tendrá que dar sus explicaciones, porque la vocación que hemos tenido los dos grupos que sustentamos al Gobierno vasco es la de ensanchar siempre los acuerdos. Pero en las leyes estamos aprobando un buen número con más apoyos añadidos. La RGI es un ejemplo. Logramos un acuerdo muy importante con Podemos y de hecho conseguimos la abstención de Bildu. Nuestra vocación es seguir ensanchando acuerdos y la gran mayoría de las proposiciones no de ley, de las mociones y de las leyes las estamos sacando adelante sumando a diferentes grupos de la oposición.
Mencionaba la Ley de Educación, donde el PSE ha mostrado reticencias en los últimos días y Elkarrekin Podemos-IU presentó ayer su enmienda a la totalidad.
—Es necesaria una nueva Ley de Educación que coloque las necesidades del alumnado en el centro del sistema y que tenga como objetivo el éxito escolar. Esto es lo que nos movió a suscribir el acuerdo de bases, tras negociar la inclusión de los puntos que creemos esenciales y sobre los que hemos planteado la negociación sobre la norma que hemos mantenido con el PNV. El resultado no ha sido del todo satisfactorio, no hemos visto en el proyecto de ley todo lo que planteábamos. Pero pese a ello no hemos querido obstaculizar la tramitación en el Parlamento y hemos votado a favor en el Consejo de Gobierno.
¿Qué es lo que no les encaja?
—Hay cuestiones que nos preocupan y entre ellas está el tratamiento de los modelos lingüísticos. Pero espero que todas las diferencias puedan solventarse a lo largo de la tramitación, que abordaremos con la calma y la profundidad que una ley así requiere.
Sobre la segregación, las ikastolas están en el candelero con su plante al cupo de alumnos vulnerables.
—No podemos compartir el posicionamiento de Ikastolen Elkartea porque nos parece una posición maximalista y evidentemente la lucha contra la segregación tiene que implicar a todos los agentes. Esto es algo que nos ocupa y nos preocupa a todos y no compartimos ese plante. A partir de ahí, cualquier cuestión que quiera ser planteada por los docentes o por las asociaciones de ikastolas, siempre y cuando sea razonable, puede ser debatida.
La actualidad vasca ha estado marcada en los últimos días por los temas de memoria. Para empezar, por las webs de Aranzadi. Finalmente, EH Bildu retiraba las páginas de sus consistorios a petición de Aranzadi. ¿Qué le parece?
—Los socialistas vascos denunciamos que estas páginas que ponían en el mismo plano a asesinos y asesinados eran intolerables, porque atentaban contra el derecho a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas y, además, las revictimizaban y causaban otra vez un dolor injusto. Por eso las denunciamos, solicitamos su retirada y anunciamos, que de no hacerse, acudiríamos a los tribunales. Que se hayan retirado ya de los ayuntamientos gobernados por EH Bildu es una buena noticia, pero cuidado, que no vamos a dar las gracias, porque simplemente era lo que tenían que hacer y demasiado han tardado en hacerlo.
Y siguiendo con la memoria, el ‘caso Zabalza’ está más presente que nunca por el ascenso del guardia civil implicado. ¿Hay una contradicción entre la posición de Moncloa, que justifica el ascenso, y la del PSE, que lo ha rechazado?
—Yo creo que no, nosotros tenemos muy claro que estamos con las víctimas y esa es una posición del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Socialista Obrero Español. Lo que sí es evidente, y es lo que nosotros decimos, es que este ascenso se puede deber a una cuestión reglada y eso no lo ponemos en duda. De hecho, tampoco se puede poner en duda que no existe ninguna sentencia judicial contra esta persona. Pero el hecho que nosotros sí constatamos es que esto ha creado dolor e indignación en la familia de alguien que es una víctima y ha sufrido una vulneración de derechos humanos. Y nosotros nos ponemos al lado de las víctimas.
Aunque no haya condena judicial, ¿se debe revertir este ascenso?
—Ahí el problema está en la cuestión de si estos ascensos son de forma reglada. Yo creo que se tiene que revisar, se tienen que revisar todas cuestiones que van ligadas al tema de víctimas. Creo que son cuestiones lo suficientemente sensibles como para que, si hace falta, se le dé una vuelta más allá de lo que es legalmente exigible o no.
En materia de autogobierno, una de las frustraciones de la legislatura está siendo la culminación del Estatuto de Gernika. ¿Qué ha pasado para que el cronograma previsto haya quedado en agua de borrajas?
—Yo no estoy en ningún de acuerdo con ese planteamiento. Creo que no ha habido un número mayor de transferencias en las últimas décadas en este país.
Pero se hablaba de completar el Estatuto en esta legislatura...
—Ahí existe un cierto equívoco que intencionalmente algunos provocan. Ese cronograma, como su propio nombre indica, y hablo con mucho conocimiento de causa, es un cronograma orientativo de inicio de negociaciones, no de culminación de las de las transferencias. Lo que es evidente es que el Gobierno de España tiene una vocación de cumplimiento del Estatuto y creo que eso es absolutamente innegable, porque no ha habido otro Gobierno en las últimas décadas que haya hecho un abordaje de esta cuestión con mayor ímpetu.
Respecto a la acción de Lakua. ¿Qué nota le pone al pacto de Gobierno?
—Estamos muy orgullosos de cómo se está desarrollando el acuerdo de Gobierno. Estábamos ya orgullosos con el propio acuerdo de Gobierno porque recogía prácticamente la totalidad del programa electoral del PSE. Fue un acuerdo trabajado concienzudamente por los dos partidos que sustentamos al Gobierno y creo que está dando respuestas a los problemas reales de la ciudadanía y que además permite que el Gobierno vasco se centre en los problemas que tiene la Euskadi que nos quedó tras la pandemia y la que tiene que hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Este pacto con los jeltzales también rige en las en las tres diputaciones y en buena parte de municipios donde da la suma. Teniendo en cuenta que hay elecciones en un mes, ¿la reedición del pacto es el escenario más plausible?
—Lo primero que tiene que pasar para que se hable de pactos es que los ciudadanos hablen en las urnas y, a partir de ahí, habrá que ver. Y que nadie se equivoque, salimos a ganar en todos y cada uno de los municipios y de los territorios históricos en los que presentamos lista electoral. Nosotros somos alternativa al PNV.
Las encuestas no pronostican un gran crecimiento de votos socialistas ni la posibilidad de recuperar antiguos feudos como Barakaldo.
—Mire, en las últimas elecciones municipales las encuestas nos daban seis puntos menos de los que sacamos en Vitoria-Gasteiz. Nosotros sabíamos que éramos la alternativa al PNV, esas encuestas no lo reflejaban y los resultados nos dieron la razón.
¿Se puede ganar Vitoria-Gasteiz?
—Por supuesto. De hecho, vamos a ganar Vitoria-Gasteiz.
En cuestiones de Estado, también relacionadas con materia autonómica, se habla en los últimos días de un posible choque competencial con la Ley de Vivienda (que se aprueba hoy en el Congreso).
—A mí me ha llamado bastante la atención la postura del PNV. Yo no creo que haya en ningún caso un choque competencial y si algo también me ha llamado la atención de ese planteamiento es que choca con lo que el propio Gobierno vasco nos ha trasladado en diversas ocasiones en este Parlamento. Es decir, cada vez que ha habido una iniciativa de Bildu o de Podemos para limitar los precios del alquiler, tanto el Gobierno vasco en la emisión de los criterios como el PSE en las enmiendas, hacíamos mención a que había que esperar a la seguridad jurídica de una ley estatal.