Hasta 45,8 millones de personas –el 96% de la población del Estado– han estado expuestos entre enero y finales de septiembre a aire contaminado por ozono troposférico, causante de unas 3.000 muertes prematuras al año, según revela el octavo informe anual sobre contaminación por ozono de Ecologistas en Acción (EA).
Áreas de Madrid y Barcelona superaron el límite legal, según el coordinador del informe de EA, Miguel Ángel Ceballos, mientras que 17 zonas de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura han llegado a casi 12 millones de personas expuestas a la contaminación por ozono.
En cambio, los niveles de ozono se han reducido el Valle del Ebro (CAV, Nafarroa, Aragón y La Rioja), el Noroeste peninsular (Castilla y León, Cantabria y Sur de Galicia) y Canarias.
Los datos se han recogido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 en las 493 estaciones de calidad de aire gestionadas por las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ceballos señaló que el verano es cuando más se produce este gas, que se forma en la superficie terrestre y no por fuente humana, aunque “se expulsa por la radiación solar en combinación por precursores como la contaminación de los transportes, la actividades industriales o la ganadería intensiva”.
En este sentido, el informe analiza la normativa vigente con relación a la revisión pendiente para el 16 de octubre por parte de la Unión Europea y las recomendaciones de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y concluye que “la legislación actual es mucho más laxa que la OMS”.
El coordinador aseguró que hasta el 30 de septiembre los niveles de ozono han repuntado este año desde la pandemia por covid-19, “aunque sin alcanzar las concentraciones previas desde 2012”.
Pese a que el ozono es un contaminante relacionado con el verano a causa de las altas temperaturas, este 3 de octubre se superaron los límites en la comarca de Puertollano (Ciudad Real), un “agravamiento causado por el cambio climático”.
En términos de salud, Ceballos aseguró que tiene un “gran impacto” en muertes prematuras: “Se estiman entre 2.500 y 3.000 personas fallecidas a causa de la contaminación por ozono”, aunque, eso sí, “siempre en población ya vulnerable”, como la que padece enfermedades respiratorias.
También la exposición puede ser dañina para mujeres embarazadas –ya que adelanta el parto–, y para los niños, pues “a su altura hay más concentración de ozono, el cual ayuda a desarrollar enfermedades respiratorias crónicas”.
Los gastos sanitarios y bajas laborales por respirar aire contaminado alcanzan hasta los 5.000 millones de euros, según se recoge en el informe de Ecologistas en Acción.