El asesor legal del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, considera "poco probable" que su cliente se persone ante el equipo especial que investiga su imposición de la ley marcial del pasado 3 de diciembre en Corea del Sur y que lo ha citado para interrogarlo el miércoles.
"Vemos poco probable que acuda mañana", ha dicho este martes el abogado, Seok Dong-hyeon, a medios locales, insistiendo además en lo que ya había comentado en la víspera acerca de las prioridades de su representado.
"El presidente cree que el juicio político ante el Tribunal Constitucional debe tener prioridad (frente a las investigaciones criminales), ya que la Asamblea Nacional ya ha iniciado todo el proceso", explicó Seok.
Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por el Parlamento y su futuro depende ahora de lo que decida el Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.
Aun así, a Yoon -al que se le ha prohibido salir del país- y a otros miembros de su Gabinete, altos cargos policiales y militares y exmilitares se les está investigando en relación con la declaración de la ley marcial por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, un delito que, en lo que respecta a aquellos considerados líderes de un levantamiento, implica cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
El letrado Seok ya puso el lunes como ejemplo lo acaecido con la destituida presidenta Park Geun-hye, que no comenzó a ser investigada por la trama de corrupción que condujo a su caída y posterior encarcelamiento hasta que el Constitucional ratificó su cese.
De momento, Yoon ya faltó a una primera citación para ser interrogado la semana previa, y los servicios de seguridad presidencial han hecho todo lo posible para rechazar las convocatorias enviadas por Fiscalía o el equipo especial que forman el ente anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa.