El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha opinado este viernes que el acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación de distintos órganos constitucionales podría ser también la "antesala" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Subijana ha hecho esta reflexión ante un reducido número de periodistas momentos antes de participar en una jornada sobre "Justicia Restaurativa", organizada en el campus de Donostia de la Universidad de Deusto, en la que también ha tomado parte la profesora de Fundamentos Jurídicos Andikona Uriarte.
"La valoración del acuerdo evidentemente es positiva porque, en definitiva, introduce dosis de normalidad institucional", algo que "en este momento es sumamente necesario", ha dicho Subijana.
"Entiendo -ha agregado- que quizás pueda ser la antesala de una futura renovación también del Consejo General del Poder Judicial, lo cual completaría el plano de la normalidad institucional y permitiría en cierta manera normalizar una situación que en este momento quizás sea un poco anómala".
Subijana se ha referido también a la coyuntura de interinidad en la que aún encuentra este órgano y en la que, a su juicio, el transcurso del tiempo "no es una buena opción" en términos de "legitimidad" y de "confianza del ciudadano", teniendo en cuenta además "las posibles repercusiones en el nombramiento de determinados cargos judiciales" en instituciones como el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicias y las Audiencias Provinciales.
"Todo lo que sean pactos institucionales que cumplan el marco constitucional y legal establecido va a introducir elementos de sosiego y de confianza ciudadana", ha recalcado.
Posteriormente, durante su intervención en la Universidad de Deusto, Subijana ha defendido el afianzamiento de un sistema penitenciario que apueste "de manera decidida" por políticas públicas de reinserción social en "el ámbito de la responsabilización" y "de la reparación al máximo posible del daño causado".
Un contexto que, según ha comentado, serviría también "como un instrumento de protección de las víctimas" porque, a su entender, "no hay mejor opción para la reincorporación a la sociedad y a la comunidad" de un delincuente que "ha asumido su responsabilidad en un daño injusto causado" y luego "ha hecho todo lo que está en sus manos para reparar ese daño".
"Creo -ha añadido- que ahí el objetivo de la reinserción es nítido y además conecta perfectamente también con las necesidades de reparación y de restauración del daño causado a las víctimas".
No obstante ha recordado que existen tantas clases de víctimas "como personas han sufrido un daño injusto", cada una de las cuales tiene sus propias "necesidades".
"Unas no quieren bajo ningún concepto ni oír mencionar a la persona que destrozó su vida, pero hay otras que en algún momento necesitan comunicarse para incluso plantearle abiertamente a esa persona el por qué de esa conducta y lo que ha supuesto para ella y para su entorno", ha descrito.
Ha aclarado, a este respecto, que cuando esas "necesidades" de las víctimas "coinciden" con las del victimario, el hecho de poder construir un "proceso de comunicación" voluntario entre ambos es una de las "opciones" que pueden formar parte "perfectamente" de las políticas públicas de reinserción.
En cualquier caso, ha advertido de que no es posible una política pública de reinserción sin un "compromiso social" que permita conocer "hasta qué punto la comunidad está dispuesta a asumir que personas que han podido cometer graves delitos tienen la opción de incorporarse al entorno comunitario de la mejor manera" posible en una situación en la que el riesgo de cometer nuevos delitos "esté minimizado".
En cuanto al reciente traspaso de la competencia de Prisiones al Gobierno vasco, ha avanzado que permitirá "conectar" la política penitenciaria con algunas políticas públicas como las referidas al tratamiento de la salud mental, las toxicomanías y las adicciones, de forma que éstas que "impregnen" toda la ejecución penitenciaria.