En la Audiencia de Gipuzkoa, esta mañana, se ha celebrado una vista preliminar al juicio por la agresión sexual a un menor en un polideportivo de Donostia, denunciada en abril de 2024. Entonces, la víctima tenía 13 años de edad y relató que el presunto agresor, un varón de 62 años y de nacionalidad francesa, coincidió con él en las duchas de la instalación deportiva de Bidebieta, "donde le hizo sentir incomodo por la forma en la que lo miró" y, seguidamente, ya en los vestuarios, le agredió, amenazó e intimidó.
Según se recogía en el escrito de acusación de la Fiscalía de Gipuzkoa, "una vez en el vestuario", el acusado "esperó a que los dos se quedaran solos para presuntamente masturbarse en presencia del menor, quien se vistió apresuradamente y abandonó la estancia en dirección al baño". Sin embargo, según consta en dicho documento, "el hombre le siguió, le amenazó con un objeto cortante y, tras cerrar la puerta de la cabina, presuntamente lo agredió sexualmente" y luego le instó a que abandonara el lugar.
Tras recibir la denuncia, la Ertzaintza abrió una investigación y puso en marcha, incluso, un dispositivo de vigilancia que dio sus frutos en otro polideportivo, en el de Altza, en el que fue visto el sospechoso. Aunque trató de huir en su coche, los agentes consiguieron arrestarlo y, tras ser puesto a disposición judicial, el magistrado encargado del caso decretó su ingreso en prisión provisional.
Tal y como ha informado la agencia de noticias EFE, en la vista de esta mañana, el acusado ha admitido los hechos. Por su parte, la Fiscalía de Gipuzkoa ha accedido a aplicarle las atenuantes de confesión y de reparación del daño causado, ya que, previamente, el detenido había consignado 15 000 euros en la cuenta del juzgado para compensar los daños causados a la víctima. Aunque en principio el Ministerio Público pedía 14 años y 10 meses de prisión, finalmente ha acordado la condena de 7 años y medio de cárcel. La acusación particular, que ejerce la familia del menor agredido, también se ha mostrado conforme con el acuerdo alcanzado entre las partes.
Además de la pena de cárcel, el encausado permanecerá ocho años en situación de libertad vigilada una vez sea excarcelado, no podrá comunicarse ni aproximarse a la víctima y será inhabilitado para cualquier profesión relacionada con menores de edad durante otros diez años.