El Deportivo Alavés aprobó este lunes en su anual Junta General de Accionistas las cuentas de la temporada 2020-21 y el presupuesto estimado para la campaña 2021-22, algo que no es una sorpresa ya que el Grupo Baskonia-Alavés posee el porcentaje mayoritario de las acciones del club babazorro (alrededor del 83%) a través de la sociedad Kiroletako Bazkideak, creada en 2019.
En la asamblea, celebrada en el Palacio de Villasuso, estuvieron presentes un total de 67 accionistas, una cifra que ascendió respecto a los solo 35 que acudieron la pasada campaña debido a la situación de emergencia sanitaria, pero que sigue por debajo de los más de 100 que acudieron en 2019, cuando no había restricciones. En total, estuvieron representadas un 84,83% de las acciones.
El presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, el secretario del Consejo de Administración, Manu Mendi, el director institucional, Jesús Vázquez, y el director financiero de la entidad, Guillermo Oraá, presidieron una Junta General de Accionistas en la que se detallaron los pormenores de las cuentas albiazules del curso 2020-21, que se cerró con unas pérdidas de 2.067.608 euros, un 30% menos de los 2,9 millones previstos hace un año.
A pesar de ello, esto supone el fin de nueve años consecutivos de ejercicios con balance positivo, algo en lo que ha influido notablemente la crisis sanitaria, ya que el club estima que ha dejado de ganar 5,5 millones de euros por esta situación.
Entre las cifras más interesantes de las cuentas, destaca que el mayor gasto fue dirigido al gasto de personal, con un total de 41,9 millones dirigidos a esta causa, de los cuales 33.396.563 euros se dedicaron a los sueldos de la plantilla. En cuanto a los ingresos, procedieron principalmente de la venta de los derechos televisivos, con casi 52 millones de euros obtenidos por esta vía.
Por otro lado, se presentó el presupuesto para la actual temporada 2021-22, que se convierte en el segundo más alto de la historia del club con 71.938.886 euros, solo por detrás de la campaña 2019-20, en la que se rondaron los 76 millones de euros. En este sentido, el presupuesto supera en 221.742 euros al de la pasada temporada, una cantidad apenas apreciable pero que indica que el club ha conseguido mantener cierta estabilidad a pesar de la pandemia.
De hecho, con este presupuesto se espera regresar a la senda de los beneficios, ya que el Alavés estima unos gastos de 71.917.767 euros. Es decir, unos beneficios de 21.119 euros. Este nuevo presupuesto, como era de esperar, fue aprobado, aunque no sin detractores, con un 99,26% de votos a favor, un 0,58% de votos en contra y un 0,15% de abstenciones entre las acciones representadas en la Junta General.
Otro de los temas que más interés ha levantado en los últimos meses es el de los ingresos del club por el fondo de inversión CVC. Fernández de Trocóniz aclaró que al Alavés le corresponden 71.192.825 euros que recibirá a plazos en las tres próximas campañas, de los cuales, por normativa de LaLiga, solo el 15% pueden pueden ir dirigidos a la inscripción de jugadores y a la ampliación del límite salarial, parte de los cuales ya se utilizó en un 74% en la ventana de fichajes del pasado verano.
Concretamente, el Alavés tiene un límite salarial de 41,6 millones de euros, de los cuales están en uso actualmente 38,8 millones, por lo que en el mercado de invierno tiene 2,8 millones de margen para acometer contrataciones de nuevos jugadores.
En cuanto a otro de los puntos del día, que fue la renovación del Consejo Administrativo del club, obligatorio cada cinco años de mandato, no hubo novedades. La entidad propuso a los mismos ocho miembros anteriores, que fueron designados con el mismo consenso que los anteriores puntos, aunque con la propuesta de un accionista de que uno de los miembros fuera alguien elegido por los accionistas minoritarios, algo que fue rechazado.
También se refundieron los Estatutos Sociales del club para actualizarlos a la legalidad actual, modificar el objeto social del club para incluir la participación en otras sociedades o la opción de realizar juntas y votaciones telemáticas, sin afectar a aspectos esenciales de los Estatutos.