Con la burbuja del alquiler cada día más inflada, algunos propietarios están aprovechando para arrendar sus viviendas en forma de pisos compartidos, lo que les permite subir los precios cada seis o nueve meses con contratos y prácticas que bordean la ley, según denuncias de afectados.
Según la plataforma de alquiler Spotahome, la demanda de habitaciones, que supera con creces la oferta, se ha disparado un 40% en los últimos meses, entre otros motivos porque vivir en un estudio o en un apartamento de un dormitorio ya no es asequible para un número de inquilinos cada vez mayor.
A diferencia de los contratos de vivienda habitual, en los que los inquilinos están protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, el alquiler de habitaciones se sigue rigiendo por el Código Civil y los contratos dependen de la voluntad de las partes. Son contratos de seis o nueve meses y, transcurrido ese tiempo, los propietarios pueden subir los precios la cantidad que quieran.
Además no están sujetos al límite del 2 % decretado hasta el 31 de diciembre de 2023 para las actualizaciones anuales de renta, ya que ésta y otras medidas del Gobierno español solo afectan a las viviendas habituales. Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas, asegura que “esto está incentivando que haya caseros o fondos de inversión que están derivado las viviendas habituales a viviendas donde alquilan habitaciones por separado, para no estar sujetos a la LAU”.
En declaraciones a Efe, Palomo ha denunciado la “trampilla legal” que supone tener arrendada una habitación que se utiliza durante años como vivienda habitual, gracias a una norma de 1889.
“Lo que estamos diciendo es que el alquiler de habitación tiene que regularse como la LAU, como si fuera una vivienda habitual, a no ser que esté muy justificada la temporalidad. Que sea un contrato inferior a seis meses se pudiera entender, pero en Madrid tenemos gente que lleva viviendo años con contratos de habitación prorrogándose cada año y eso es una trampilla legal, no podemos hablar de fraude de ley, pero sí está al borde de la legalidad”, argumenta.
Colectivos como el de mujeres con hijos y con ingresos muy bajos, inmigrantes y jóvenes con empleo precario son los más afectados, aunque también hay inquilinos de habitaciones con recursos o salarios aceptables, pero que no cumplen los requisitos que ponen las inmobiliarias para alquilar una vivienda.
En la Agencia Negociadora del Alquiler confirman que hay propietarios que “tergiversan el uso de una vivienda pequeña y no susceptible de ser dividida por habitaciones, normalmente para saltarse la LAU” y que se trata de una práctica al alza.
Por otra parte, alerta a los propietarios de que alquilar por habitaciones “supone un mayor desgaste de la vivienda y un aumento exponencial de los problemas y conflictos”.
Según el portal Fotocasa, compartir una vivienda en España cuesta como media 440 euros al mes, un 66 % más que hace siete años . Aunque es difícil cuantificarlas, porque la mayoría no se declaran en Hacienda, algunas fuentes estiman que hay unas 250.000 habitaciones alquiladas.
Barcelona, con un precio medio de 575 euros por habitación, es la ciudad más cara del Estado, mientras que Madrid (524 euros) es de las más afectadas por el incremento del último año (34%).