El Gobierno español aprobó ayer martes en su Consejo de Ministros el plan de alquiler social a través de la Sareb, el conocido como banco malo, que prevé destinar a dicho fin un total de 50.000 inmuebles procedentes de la reestructuración bancaria.
Sin embargo, este anuncio estrella de Pedro Sánchez de cara a la campaña electoral apenas va a rozar a la CAV y a Nafarroa, ya que ambas comunidades suman únicamente 106 viviendas en propiedad de la Sareb, 81 en Euskadi y 25 en la Comunidad Foral.
Además, se desconoce el estado actual y la habitabilidad de estas propiedades, que pueden llevar años en desuso y requirir de reformas integrales.
En conjunto, el plan de Moncloa sí va a afectar notablemente a algunas comunidades autónomas con miles de viviendas del Sareb, como pueden ser Valencia (4.950 propiedades); Catalunya (3.539), Castilla y León (2.288), Murcia (2.093), Andalucía (2.040), Castilla-La Mancha (1.534) o Galicia (1.285).
Mientras tanto, en este mismo ámbito, la futura Ley de Vivienda avanza en el Congreso de los Diputados, aunque no convence ni al PNV –que ayer dejó claro en comisión su no al proyecto– ni al Gobierno vasco, que advierte de que las competencias son autonómicas.
Por su parte, los jeltzales insisten en que no pueden dar un voto favorable al dictamen definitivo de la ley de vivienda cuando se vote en el pleno del Congreso porque invade competencias, aunque sí apoyarán algunas enmiendas porque son favorables a que se ponga freno a los abusos en el mercado del alquiler.
El portavoz del PNV en Madrid, Aitor Esteban, reiteró que la nueva ley que el PSOE quiere llevar al pleno del Congreso el próximo 27 de abril se “inmiscuye en competencias propias”, ya que las directrices de fondo las marca la norma estatal, incluido los indicadores que deben establecer las comunidades o las estadísticas que deben enviar al Ministerio.
“Tenemos sensibilidad, pero un tema es poner un paraguas jurídico para desarrollar más las competencias y otra inmiscuirse en competencias propias”, explicó Esteban en rueda de prensa en el Congreso, en respuesta a la postura de EH Bildu, que ha pactado la norma con ERC y Unidas Podemos y afirma que cumple “escrupulosamente” el ámbito competencial vasco.
Pisos turísticos
Esteban incidió en que “claro que hay que hacer algo en las zonas tensionadas”, pero sobre todo con los pisos turísticos, “a los que no afecta la ley” y, en este sentido, añadió que la solución podría estar en manos de los ayuntamientos si el Estado les habilita con más competencias.
Desde el Gobierno vasco también quisieron dejar claro que las competencias en materia de Vivienda están en manos de la CAV. Así, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, subrayó que las políticas en esta materia “son exclusivas de las comunidades autónomas”, y recordó que hay pronunciamientos en este sentido del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, Zupiria se remitió a la valoración hecha ayer por el consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, quien explicó que con este apartado se “habilita” a Euskadi para regular estas zonas, aunque destacó que la norma vasca es más avanzada” que la futura estatal.
Zupiria, que recalcó que para las instituciones vascas la vivienda ha sido y será “una prioridad”, dijo que esperarán a conocer la redacción del proyecto para pronunciarse sobre la norma. “Por el momento, no hay nada que recurrir porque no hay ninguna ley aprobada”, concluyó.
Ley de vivienda estatal
PDeCAT y CUP también la rechazan
Invasión competencial. El PDeCAT y la CUP rechazaron también el acuerdo de Moncloa con ERC y EH Bildu en la Ley de Vivienda por considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas y es insuficiente para resolver los problemas de acceso a la vivienda. El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, incidió en que la normativa limita la capacidad legislativa de la Generalitat y cuestionó que dos partidos soberanistas, como Esquerra y Bildu, avalen que se cercenen competencias autonómicas. Para la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, la futura norma no resuelve la invasión “sistemática” de competencias en todas las leyes que aprueba el Ejecutivo de Pedro Sánchez.