En vista de que el PP y el Gobierno español se pasan la patata caliente y la reforma de la Ley de Extranjería sigue bloqueada, la comunidad autónoma vasca y Canarias han sumado fuerzas en los últimos meses para buscar una solución, aunque sea temporal y de urgencia, a la aglomeración de niños y niñas migrantes no acompañados en sus respectivos territorios. Han propuesto unos criterios de reparto en el conjunto de las comunidades, siguiendo parámetros de población, número de niños atendidos o PIB. Sería un reparto extraordinario, a la espera de un acuerdo definitivo y estable. Canarias y la comunidad autónoma vasca habían defendido que su plan es viable y posibilista. Y, de hecho, según el Gobierno vasco, Ceuta y Amnistía Internacional acaban de mostrar su “interés” en conocer esta propuesta, lo que da oxígeno a su planteamiento.
El anuncio lo realizó este miércoles la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo; y fuentes del departamento de Bienestar que dirige Nerea Melgosa confirmaron los detalles a este periódico. Aunque en un primer momento se dijo que Ceuta y AI mostraban su apoyo a este plan (al parecer por un malentendido), Amnistía Internacional negó después que se haya “adherido” o pronunciado sobre ninguna propuesta concreta.
El canario Fernando Clavijo, y el lehendakari, que respalda su plan, enviaron una carta a todos los presidentes de las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el pasado 2 de enero con los posibles criterios de reparto. En menos de una semana y con los festejos navideños en medio, este miércoles, día 8, ya tenían las respuestas de Ceuta, gobernada por el PP y acuciada por la presión migratoria, y también una respuesta llegada desde otro ámbito distinto, una organización humanitaria, lo que acredita lo mucho que preocupa esta situación desde la perspectiva de los derechos humanos de los niños afectados por la masificación. En concreto, ha llegado una carta de Amnistía Internacional dirigida al lehendakari y al presidente canario, donde muestra su interés.
En este sentido, tras enviar las cartas a las comunidades autónomas, de ahora en adelante el Gobierno vasco abrirá una segunda fase para dar a conocer esta propuesta a las organizaciones no gubernamentales. Según explican desde el departamento de Melgosa, esta segunda fase ya estaba prevista, pero se va a adelantar.
Amnistía Internacional, que trabaja a nivel mundial en defensa de los derechos humanos, llevaba meses clamando a favor de una solución para evitar que los niños y niñas acaben hacinados o en centros de adultos por falta de espacio porque, en definitiva, la ausencia de criterios de reparto repercute de manera negativa en estos menores, con el riesgo de que no reciban la atención que necesitan. La organización ha sido muy proactiva denunciando la masificación de las instalaciones y había escrito cartas al ministerio de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al presidente canario. Amnistía Internacional no quiso interferir proponiendo sus propios criterios de reparto y entrando tan al detalle, pero sugirió que se utilizaran parámetros económicos y poblacionales.
Precisamente, Canarias, con el respaldo de Pradales, ha propuesto un modelo de distribución basado en cinco indicadores: población total, media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses, PIB per cápita, desempleo, y número de menores acogidos en los últimos cinco años. Plantean materializarlo en tres meses con la figura jurídica oportuna, lo que permite salir del bucle de la Ley de Extranjería. Lo propusieron en la conferencia de presidentes organizada por Sánchez en Santander el pasado mes de diciembre. Pero de ahí no salió ningún acuerdo concreto, aunque Pradales se quedó con buenas sensaciones tras escuchar a Aragón y Catalunya. Por ahora, no han dado su visto bueno de manera oficial.
En contacto con las ONG
Ahora, el Gobierno vasco y el canario van a ponerse en contacto con las ONG que trabajan con la infancia y la juventud, y también las que operan en África, unas entidades que conoce muy bien Canarias. Por ahora no se ha desvelado a qué organizaciones en concreto apelarán ambos gobiernos, en parte a la espera de poner en común las relaciones que tiene cada uno con las distintas entidades para decidir la mejor manera de acercarse a ellas. En principio, se optará por el envío de una carta.
Propuesta "seria y posibilista": "Se puede hacer"
Ubarretxena recordó los posibles apoyos que detectó Pradales en la conferencia, de comunidades de distinto signo político, lo que “arrojó una luz de esperanza”. Apostó por buscar “el máximo apoyo posible” con una propuesta “seria” y “posibilista”. “Se puede hacer”, remachó. Volvió a aclarar que esta es una medida extraordinaria para un problema que requiere una solución “a largo plazo”. “Se ha trabajado de una manera seria para encontrar una solución posible y a corto plazo a un problema que seguramente va a necesitar también otras soluciones a más largo plazo, pero creemos que la solución que se ha aportado es posibilista, que es un reparto justo, y que se puede hacer”, recalcó.
El Gobierno español seguía insistiendo el fin de semana en que la vía con mayor seguridad jurídica es una reforma de la Ley de Extranjería, e intenta superar el bloqueo buscando a Junts. La vía del PP parece cegada. Los populares acusan a Sánchez de generar un efecto llamada con sus políticas, y el Estado asegura que la competencia para atender a los menores es de las comunidades y que ya hace bastante intentando un cambio legal. Clavijo se reunirá este jueves en Madrid con Torres para analizar un posible borrador de decreto ley, aunque admite que está “un poco cansado” de la falta de avances.