Cerca de un año después de ser aprobada en Consejo de Ministros, y tras permanecer todo lo que lleva transcurrido 2022 en un cajón ante la falta de apoyos, el ambicioso proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez de poner al día la Ley de Memoria Histórica impulsada por Zapatero en 2007 está dando pasos de gigante. La debacle del PSOE en las elecciones andaluzas del 19 de junio fue el catalizador que llevó al Ejecutivo de coalición a dar otra oportunidad a la remozada Ley de Memoria Democrática y la clave para avanzar en su tramitación ha sido mirar a la bancada vasca. El apoyo del PNV y EH Bildu, merced a la incorporación de muchas de sus enmiendas, ha sido el factor determinante para superar la oposición de ERC, que en la Comisión Constitucional de ayer lunes volvió a abstenerse. Por descontado, el frente de la derecha formado por PP, Vox, C’s y UPN en representación del Grupo Mixto se mantuvo instalado en el frente del no.
Después de la montaña de enmiendas que fueron acordadas por el PSOE y Unidas Podemos con parte de los socios de la investidura en la reunión de la ponencia del pasado 28 de junio, la ley salió aprobada ayer lunes por mayoría absoluta en la Comisión que preside Patxi López, después de que a los 17 votos que suman socialistas y morados se sumaran los del PNV y EH Bildu. También votaron a favor Más País y el PDeCAT, mientras que ERC y JxCat se abstuvieron. Sin embargo, todos ellos se emplazaron a seguir negociando para incrementar aún más el margen de mejora de la Ley en base a sus enmiendas.
La siguiente parada será en un pleno del Congreso a celebrar la semana que viene, tras el debate de política general que ocupará la Cámara durante tres jornadas. El plan es que este proyecto llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño, para lo que, según lo visto hasta ahora, Moncloa cuenta con los apoyos suficientes.
El diputado del Grupo Vasco en el Congreso Mikel Legarda explicó que su formación votó a favor tras introducir varias mejoras en el trámite parlamentario al texto presentado por el Gobierno, y por considerarlo “un avance” en la búsqueda de “la memoria, la justicia y la reparación” por lo ocurrido durante el alzamiento, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición a la democracia.
En cuanto a los logros amarrados por el PNV está restituir a personas naturales o físicas de carácter privado –partidos políticos y organizaciones sindicales– de documentos, enseñas, emblemas y banderas incautados en la Guerra Civil. El Estado contará con un año desde la entrada en vigor de este Proyecto de Ley para la identificación de estos fondos documentales y efectos.
El Grupo Vasco también ha conseguido que se garantice el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en archivos públicos, toda vez que la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 impedía consultar documentos con datos personales de carácter policial, procesal o clínico que pudieran afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen. Estos archivos no podían ser consultados sin consentimiento expreso de los afectados o hasta transcurridos 25 años desde su muerte.
Legarda lamentó que no se haya podido introducir en el texto normativo la devolución de documentación incautada al Gobierno de Euskadi, a las Diputaciones Forales y a sus entidades dependientes en la II República y el exilio. Pese a ello, los jeltzales continuarán trabajando para lograr esta “reclamación histórica”.
Visión crítica
Bel Pozueta, de EH Bildu, aseguró que “hemos estado ahí pero no a cualquier precio”, y advirtió de que la norma “sigue adoleciendo de una visión crítica sobre lo que supuso el periodo de la Transición y años posteriores”. Las negociaciones con este grupo y con Mas País han fructificado en la creación de una comisión técnica que evaluará las vulneraciones de derechos humanos hasta 1983.
Sin embargo, Moncloa se apresuró a aclarar ayer lunes que la definición de víctima del franquismo se limita hasta la promulgación de la Constitución en 1978. Estas fuentes señalaron que no habrá ninguna investigación entre 1978 y 1983, sino un reconocimiento y reparación a personas que hayan sufrido vulneración de sus derechos en los primeros años de la democracia.
Otra de las enmiendas pactadas con la coalición abertzale prevé que en un año el Fuerte de San Cristóbal, de Iruñea, utilizado como cárcel durante el franquismo, sea declarado lugar de memoria, y que se firme un convenio con el Gobierno foral de cara a poder utilizarlo para la difusión de la lucha antifranquista. Igualmente, se cederá al Ayuntamiento de Donostia el Palacio de la Cumbre, donde fueron torturados Joxean Lasa y Joxi Zabala.
Bomba de humo
El PP, Vox y C’s coincidieron en reprochar al PSOE que haya pactado la Ley de Memoria con Bildu, a la que se refirieron como “los herederos de los asesinos de ETA”. El diputado del PP Jaime Mateu Istúriz, familiar de víctimas de ETA, indicó que la nueva norma es una “bomba de humo” para intentar “encubrir” la pésima gestión del Gobierno ante la crisis.