El Ararteko ha reconocido este domingo los "pasos positivos" dados por los poderes públicos de Euskadi para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de tortura y ha invitado a las instituciones vascas a perseverar en sus políticas y gestos de apoyo hacia estas de forma inclusiva y con respeto a las directrices del derecho internacional de los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo vasco ha emitido una declaración con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidad en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra este lunes.
En ella subraya que la tortura es un crimen contra la humanidad imprescriptible y deja claro que su prohibición es absoluta y que no puede justificarse en ninguna circunstancia.
La institución reconoce "los pasos positivos" dados por los poderes públicos de Euskadi para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de tortura, entre los que destaca el Informe final del Proyecto de Investigación de la Tortura y Malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, que recoge que hubo 4.113 casos de tortura en dicho periodo en Euskadi, así como el decreto 107/2012 y la posterior Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Violencia de Motivación Política.
Única forma de que no se repitan
Por ello, el Ararteko invita a las instituciones vascas a perseverar en sus políticas y gestos de apoyo hacia todas las víctimas, de forma inclusiva y con respeto a las directrices del derecho internacional de los derechos humanos y manteniendo siempre vigente "el ineludible reconocimiento de los derechos de las víctimas de tortura" al ser "el único camino para prevenir la repetición de actos tan abominables".
En su declaración también recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en numerosas sentencias en la obligación positiva que imponen las normas europeas de investigar exhaustivamente las denuncias de las personas que alegan haber sufrido tortura, tratos o penas inhumanos o degradantes.
Advierte por tanto de que cualquier acto de obstaculización de la investigación u ocultamiento de información en este ámbito vulnera la normativa internacional, como también lo hace la negativa o la pasividad a la hora de cumplir con la obligación de investigar.
Sentencias contra el Estado español
En este sentido, señala que la alta jurisdicción europea ha declarado que el Estado español incumplió repetidamente con sus obligaciones de investigación e insiste en que el ensalzamiento o la justificación de la tortura son incompatibles con la garantía de no repetición "de actos tan abominables" como también lo son, según agrega, los indultos, honores públicos o promociones profesionales a quienes hayan sido condenados o aparezcan implicados en "situaciones fehacientemente reconocidas como tortura".
"La percepción social de impunidad o el blanqueamiento de crímenes que repugnan la conciencia humana corroen los fundamentos de un Estado democrático de derecho", concluye la declaración.