El Ararteko pide que la Ley de RGI "no penalice la indigencia"

El Ararteko ha defendido este martes en el Parlamento Vasco la importancia de disponer de un marco normativo del sistema de Garantía de Ingresos y de herramientas de gestión de la prestación que "no penalicen la indigencia, que es aquello que se pretende proteger", y cree que el proyecto de ley debe acompañarse de un refuerzo en la gestión, dotando a Lanbide de personal suficiente y con formación específica en materia de procedimiento administrativo, gestión de la diversidad y lucha contra la discriminación, y con capacitación específica en orientación laboral a colectivos en exclusión social.

En la Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco, el Ararteko, Manuel Lezertua, ha valorado la reforma del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión que está tramitando la Cámara vasca, pero ha recordado que el Ararteko, al igual que el resto de los 'ombudsman', no realiza una función consultiva en relación a los proyectos de ley y "tampoco debe interferir en el ejercicio de la función legislativa del Parlamento".

Por ello, ha expuesto algunas propuestas que el Ararteko ha elevado al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno "con el deseo de que esta aportación sea de utilidad en el debate". Tras recordar que el Ararteko ha recibido y tramitado un número "muy elevado" de quejas relacionadas con la RGI, ha señalado que ha elaborado informes diagnósticos con recomendaciones y sugerencias que se han incorporado "en gran medida" al proyecto de ley, por lo que la institución considera que la futura norma ofrece un "mayor nivel de protección a aquellos colectivos a los que está destinada, en particular a grupos en situación especialmente vulnerable".

"Comprobamos que el nuevo Proyecto recoge el interés superior del menor o la perspectiva de género de manera transversal, y una batería de derechos de las personas titulares de la RGI", ha destacado. Además, ha calificado de "significativa" la visibilización y mayor protección de los y las trabajadores pobres, incorporando el carácter indefinido de los estímulos al empleo y la eliminación del número máximo de RGI reconocidas por domicilio o la ponderación de la reclamación de la pensión de alimentos al otro progenitor, "que afecta principalmente a las mujeres y constituía una forma de discriminación indirecta".

No obstante, cree que hay cuestiones en las que existe "margen de mejora" y que ha alertado de "algunas debilidades de la propuesta" de la nueva configuración del sistema que "continúan generando preocupación" en la institución del Ararteko.

Según ha explicado, le "preocupa" que cuando exista algún indicio de incumplimiento de una obligación o requisito por parte de los solicitantes de la RGI, el procedimiento se lleve a cabo "con las garantías necesarias". Por ello, ha hecho hincapié en la importancia del "refuerzo en la gestión y en la mejora de las garantías para una adecuada atención e información ciudadana y una tramitación respetuosa con los derechos".

"En riesgo o situación de exclusión social"

En este sentido, ha explicado que en el análisis de las quejas se ha constatado que las personas a las que se ha denegado, suspendido o extinguido la prestación "siguen, en su mayoría, en riesgo o situación de exclusión social", por lo que los motivos "no están generalmente vinculados a una nueva suficiencia económica".

"En realidad, gran parte de los incumplimientos que se les atribuyen a la hora de reclamarles prestaciones indebidas tienen más que ver con la imposibilidad de encontrar un alojamiento adecuado, de mantener sin interrupciones un padrón en un domicilio, o de presentar determinada documentación de la que no disponen", ha señalado.

También ha indicado que otra parte de los incumplimientos está relacionada con el desconocimiento sobre las obligaciones y requisitos, "lo que es francamente complejo para este colectivo con habilidades personales y sociales escasas y con un elemento de diversidad cultural que es necesario tomar en consideración".

"Las familias sin ingresos económicos muestran, de modo general, plena disposición a cumplir los requerimientos del organismo autónomo, y son las más interesadas en colaborar con este, siempre que conozcan, eso sí, aquello que se les solicita y está en su mano llevarlo a cabo", ha defendido.

Por ello, ha señalado la importancia de disponer de un marco normativo y de herramientas de gestión de la prestación que "no penalicen la indigencia, que es, precisamente, aquello que se pretende proteger". "Aunque el proyecto de ley supone un avance innegable en la protección de situaciones vulnerables, para alcanzar su objetivo esencial debería ir acompañado de un refuerzo en la gestión en las diferentes dimensiones, entre otras, dotando al organismo autónomo de personal suficiente y con formación específica en materia de procedimiento administrativo, gestión de la diversidad y lucha contra la discriminación, y con una capacitación específica en la orientación laboral a colectivos en situación de exclusión social", ha señalado.

Además, ha subrayado que es "prioritaria" la implicación "activa" de los servicios sociales, garantizando su participación con un papel protagonista en el desarrollo del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

Se debería incorporar un mecanismo de supervisión interno

Lezertua ha explicado que surgen dudas sobre el alcance de las facultades de la Inspección, en concreto, la de la posibilidad de acceder al domicilio y cree que se debería incorporar un mecanismo de supervisión interno entre las funciones del órgano de evaluación.

En cuanto a la devolución de prestaciones percibidas de manera indebida, el proyecto de ley prevé que la reclamación de cantidades que Lanbide considera que no debieron recibirse se realice mediante cualquier procedimiento por el que pudiera determinarse esa percepción inadecuada.

En opinión del Ararteko, "esta remisión genérica, una especie de cajón de sastre, plantea dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica", aunque cree que el desarrollo reglamentario permitirá una "mayor objetivación". Además, ha señalado que las nuevas previsiones de la norma respecto a las revisiones periódicas o el menor plazo de prescripción "van a evitar que se generen, como sucede ahora, deudas elevadas".

Respecto a la interrupción del abono de la prestación de manera cautelar, ha defendido que "no parece que sea comparable un indicio de inexactitud con supuestos de falsedad de la información o de la documentación". Para la institución, "son pocos los supuestos en los que debería ser necesario asegurar el riesgo derivado de una resolución tardía -y la generación de prestaciones indebidas-, lo que, además, puede evitarse, en gran medida, con una tramitación ágil del procedimiento de control".

Respecto al régimen sancionador, ha señalado que los supuestos de fraude son "prácticamente testimoniales" -no llegan al 1% según datos del propio Lanbide-, y cree que "existe un margen de mejora en la clarificación del contenido de las actuaciones que son constitutivas de una infracción".

"Aunque en los tipos previstos se observa, con carácter general, la exigencia de que exista mala fe o ánimo defraudatorio, a la luz de la experiencia de la tramitación de más de 6.000 expedientes, el Ararteko ha venido poniendo de manifiesto la dificultad de determinar la existencia de estas conductas", ha afirmado.

El proyecto prevé también la posibilidad de que ante la comisión de una infracción, en el marco de la RGI, una persona pueda ser privada no solo de esta prestación, sino también de las AES. "Las personas afectadas no deben quedar en ningún momento sin medios de subsistencia", ha señalado.