El ataque a la inmersión lingüística abre una profunda grieta en la distensión del conflicto catalán. El Govern no tiene intención de aplicar la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que obliga al sistema educativo catalán a impartir, como mínimo, un 25% de las horas escolares en castellano e insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a proteger el catalán y no ser "cómplice" de un posible retroceso tras haber avanzado en otros ámbitos, según ha advertido Pere Aragonès, en alusión velada al pacto con ERC para fijar que las plataformas audiovisuales tengan que ofertar como mínimo una cuota del 6% en lenguas cooficiales. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado al president que la resolución debe ejecutarse en un plazo de dos meses y desde Educación se señala que desde Moncloa no se tiene que adoptar "ninguna medida" porque el cumplimiento del texto corresponde "en exclusiva" a la Generalitat y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), institución que emitió en 2020 el fallo ratificado por el TS.
Para más inri, el PP ha emplazado al Ejecutivo español a aplicar un 155 en ese ámbito si el gabinete catalán se declara en "rebeldía". "Veremos la respuesta de la Generalitat y en función de ello se irán dando pasos", ha zanjado Llop sin especificar si Abogacía del Estado pedirá la ejecución forzosa del dictamen. Aragonès ha aludido a los valores de la inmersión, que fomenta la "cohesión social y la igualdad de oportunidades", y entiende que desde Madrid existe la responsabilidad de defender, promover y proteger el catalán mientras Catalunya siga formando parte del Estado español. El Govern no delegará la responsabilidad a los centros educativos y trasladará el golpe del Supremo al Consejo de Europa por "vulnerar" la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. Según la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, quien tendría que ejecutar la sentencia es el tribunal que la dictó, el TSJC, y, si no lo hace, quien le debería de instar es quien promovió la acción, en este caso el Gobierno, que impulsó esta iniciativa durante el mandato de Mariano Rajoy. "A ver qué hace el Ministerio. Lo que debería hacer es ponerse al lado de una de las lenguas también españolas, el catalán", ha remarcado.
El catalán, en retroceso, según un estudio
Por su parte, el secretario de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, ha calificado el fallo de "incomprensible" porque la ley que le abrió la puerta ya no está vigente y, por tanto, "tiene poco sentido aplicarla". A su vez, ha estimado que "en muchos sentidos está basada en una concepción antigua de la enseñanza" ya que en las aulas "los alumnos hacen proyectos, consultan vídeos en inglés, utilizan materiales en castellano y discuten entre ellos, a menudo, en más de una lengua". Por los datos que maneja la Generalitat, "hay un grupo principal de alumnos que solo hablan en castellano entre ellos, por lo que decir que su uso es residual en las escuelas de Catalunya demuestra un conocimiento limitadito de la realidad". Según un estudio del Consell Superior d'Avaluació con alumnos de cuarto de la ESO, el porcentaje de estudiantes que usan siempre o casi siempre el catalán en actividades grupales ha pasado del 67,8% en 2006 al 21,4% en 2021. De ahí se comprende que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, trasladara por carta a los directores de los centros que no cambien su proyecto lingüístico: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora". La plataforma Som Escola, formada por unas 50 entidades del ámbito educativo, ha anunciado un ciclo de acciones y protestas por "otro intento de agresión al modelo de escuela catalana y su enfoque pedagógico", cuando "tanto los estudios como los datos sobre los resultados de la inmersión evidencian que es un modelo de éxito, tanto para los alumnos como para el seno de la sociedad".
El PP reclama un 155 educativo
Entre los representantes políticos, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado que "se utilizan una vez más los aparatos de represión del Estado", mientras que el PDeCAT censura que la inmersión no estaba "blindada" y propondrá en el Congreso una ley que impida cambios desde la legislación estatal. Desde el PSC, Salvador Illa se pone de perfil y cree que dar una materia más en castellano no pone en riesgo el modelo de escuela catalana y el uso del catalán como lengua vehicular. La oposición española se ha dirigido a Pedro Sánchez. Pablo Casado le ha ofrecido los votos del PP en el Senado para aprobar el artículo 155 solo "en el ámbito educativo", conminando al socialista a velar por el cumplimiento del fallo judicial ya que "si no lo hace podría incurrir en prevaricación".