Los pisos turísticos están en el centro del debate. Su proliferación en los últimos años, ligada a la escasez y la carestía de las viviendas en alquiler para uso habitual ha levantado no pocas voces de alarma. Esta misma semana, el Ministerio de Consumo ha abierto una investigación sobre posibles prácticas comerciales desleales en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian en plataformas online, mientras que comunidades como la valenciana han solicitado “con urgencia” al Gobierno español una conferencia sectorial sobre este tipo de alojamientos. El fenómeno ha alcanzado tal envergadura que administraciones de todos los signos políticos están intentando acotar su expansión a través de diferentes medidas.
Y aunque su impacto es más limitado en Euskadi y Nafarroa, tampoco escapan a su crecimiento. Según los últimos datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, en Euskadi había en febrero un total de 5.140 viviendas de uso turístico (VUT), un 15% más que hace un año. De ellas, 2.611 están en Bizkaia, 1.183 en Gipuzkoa y 346 en Araba. Mientras, en Nafarroa hay un total de 1.583 viviendas de uso turístico, un 18% más.
En el conjunto del Estado español, las viviendas turísticas alcanzaron el pasado febrero la cifra de 350.000, el máximo en la serie estadística del instituto de estadística, que empezó a medir este fenómeno en 2020, el año de la pandemia. Y no es casualidad, porque, aunque esta realidad ya existía antes de la crisis sanitaria, fue a partir del fin de las restricciones cuando empezó a expandirse hasta convertirse en un fenómeno que, según los expertos, está impactando negativamente en el acceso a la vivienda. Esta cifra está, además, un 3,2% por encima de la que se registraba el pasado verano, lo que significa que su crecimiento no se ha detenido en invierno. Es más, actualmente, las 1,75 millones de plazas que ofertan este tipo de viviendas superan a las que ofrecen los hoteles.
Plazas turísticas
En Euskadi se ofrecen un total de 21.502 plazas en pisos turísticos, esto es, un tercio de la oferta turística, mientras que en Nafarroa son 7.595 plazas, un cuarto. Otra forma de medir su peso en el territorio es contar el número de plazas por cada 1.000 habitantes. En el caso de la CAV son 9,2 y en Nafarroa, 9,8. En realidad, unas cifras muy bajas si se compara con comunidades que sufren en mayor medidas las consecuencias de un turismo masificado como las Baleares, donde hay 137 camas/1.000 habitantes o Canarias (85 camas). Sin embargo, hay ciudades de Euskadi, como Donostia, Bilbao o las zonas costeras que están sufriendo este fenómeno cada vez con más intensidad. En el caso de la capital guipuzcoana, las plazas de este tipo de alojamientos llegan a las 30,6 camas/1.000 habitantes, en la capital vizcaina, a 11,6 camas, y en muncipios como Bermeo, Zarautz, Hondarribia o Lekeitio, están entre 40 y 50. En Araba, la mitad de las viviendas turísticas registradas están en Gasteiz. Además, uno de cada cinco municipios no cuenta con ninguna. En este territorio, la localidad que soporta un mayor peso de plazas respecto a su población es Laguardia, con 11,9 por cada 1.000 habitantes, al nivel de Bilbao. De hecho, su alcalde, Raúl García, se ha mostrado preocupado por su efecto en el precio de las viviendas y la consiguiente despoblación del casco histórico.
Medidas Hace unas semanas, la Asociación Vecinal Bihotzean del Casco Viejo pidió al Ayuntamiento de Bilbao la declaración de una moratoria para los pisos turísticos. El Consistorio considera que éste todavía no es un problema en la ciudad “ni estamos en una situación de turistificación de la ciudad”. Sin embargo, ha anunciado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para limitar su concentración en ciertos barrios. Hay ciudades y comunidades autónomas, en cambio, que ya han dado el paso de suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias. Los últimos en sumarse han sido el Ayuntamiento de Madrid y la Comunitat Valenciana.
Pero antes ya lo había hecho Gijón, Barcelona lo aplica desde 2014 y Donostia aprobó en marzo una prórroga de dos años a la suspensión de licencias a nuevas plazas hoteleras o pisos turísticos. Asimismo, 262 municipios catalanes no podrán dar más autorizaciones hasta que adapten su planeamiento urbanístico a la nueva normativa autonómica y Sevilla ha limitado los pisos turísticos al 10% del total de viviendas de cada barrio.
Ahora, los matices. El acuerdo alcanzado en Valencia excluye a los bloques completos de apartamentos turísticos y a los inmuebles que cuenten con licencia en la primera planta y que dispongan de acceso independiente desde la vía pública. En el caso de Madrid, el matiz está en que el Ayuntamiento apenas estaba dando licencias desde el año 2019, cuando el anterior equipo del Consistorio incluyó el requisito de que los pisos turísticos tuvieran una entrada independiente desde la calle. Por lo tanto, para la oposición, el problema no está tanto en la regulación, sino en la falta de inspecciones, que el alcalde José Luis Martínez-Almeida promete ahora reforzar y ha anunciado, además, un incremento de las multas, hasta 30.000 euros, en caso de infracción.
Expedientes
De hecho, otra de las medidas que están tomando las diferentes autoridades es el incremento de la vigilancia de los pisos turísticos que operan sin licencia, que también han proliferado en los últimos años. En Bilbao, por ejemplo, se calcula que la oferta de pisos turísticos podría suponer el 40% del mercado. El Gobierno vasco, que cuenta con un registro de establecimientos turísticos y también con un decreto para regular este tipo de alojamientos, ha realizado ya 1.117 inspecciones que han supuesto la apertura de 376 expedientes sancionadores.
Precisamente para hacer frente a la oferta ilegal de pisos turísticos, el Ministerio de Consumo ha abierto esta semana una investigación sobre las viviendas turísticas que operan sin licencia, porque, según esta cartera, hay “incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico”, que en algunas ciudades podría llegar a más del 90%.