El auto del juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha abierto la puerta a plantear una cuestión judicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el impacto de la futura ley de amnistía en los delitos de terrorismo que investiga en Tsunami Democràtic al dirigir sus pesquisas contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, y haya imputado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira..
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictó el lunes un auto donde indicó que los altercados provocados por la plataforma independentista tras la sentencia del procés en el otoño de 2019 encajan en delitos de terrorismo, al tiempo que apuntó como responsable al expresidente catalán Carles Puigdemont e imputó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros, investigados en esta causa que instruye el polémico juez de la Audiencia Nacional.
En su resolución del pasado lunes, el instructor recuerda que, “si bien no existe una definición universal de terrorismo, en el ámbito del derecho de la Unión Europea, sí que se ha tratado de armonizar y delimitar algunos conceptos relacionados con el terrorismo”.
En concreto, cita la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, porque sus primeros artículos “sientan las bases de la regulación europea en materia de terrorismo”.
Para García Castellón, “atendido al contenido de la referida directiva, se puede inferir, por tanto, que existe un compromiso por parte del Reino de España en la adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo”.
“Dada la armonización que en esta materia se ha efectuado de algunos tipos penales relacionados con el terrorismo, se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea”, expone el magistrado de la AN.
En la misma línea, el magistrado indica que la Ley 8/2011 para la protección de las infraestructuras críticas, tales como los aeropuertos de El Prat o Barajas –que se vieron afectados por los disturbios de Tsunami Democràtic–, “alude a las ‘infraestructuras críticas europeas’” como aquellas situadas en algún Estado miembro de la UE “cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente al menos a dos estados miembros”, todo ello con arreglo a la Directiva 2008/114.
Según las fuentes jurídicas, de esta forma se apunta a la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE, un movimiento que supondría paralizar la causa hasta que la corte comunitaria respondiera.
Cabe recordar que, según ha trascendido en los últimos días, tanto Tsunami Democràtic como CDR serían dos de las causas incluidas en la amnistía que PSOE y Sumar negocian con Junts y ERC para investir presidente del Gobierno español a Pedro Sánchez.
Misma maniobra con los CDR
Así, García Castellón podría acudir al TJUE en lo tocante a Tsunami Democràtic, misma maniobra que podría llevar a cabo la Sala de lo Penal de la AN en el caso CDR, ya que esta causa, centrada en las acciones violentas de núcleos radicales de los CDR para conseguir la independencia de Catalunya –como los presuntos planes para asaltar el Parlament–, se encuentra a la espera de juicio.
Desde estas mismas sedes se podría plantear igualmente una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), otra acción que supondría suspender la aplicación de la ley de amnistía al caso concreto hasta que la corte de garantías resuelva sobre la constitucionalidad de esta ley, que será recurrida tanto por el Partido Popular como por Vox.